Los procesos electorales, sin duda alguna, despiertan siempre el análisis de la legislación electoral, y esto se debe a un fenómeno: siempre hay algún candidato o partido político que encuentra la forma de violarla, pero y qué podríamos esperar, si son los propios partidos los que legislan.
En la elección del 2006 recordamos una elección presidencial en donde el puntero de las encuestas fue motivo de guerra sucia, misma que fue ejecutada desde los medios de comunicación masivos. Veíamos y escuchábamos spots de que era “el peligro para México”, spots contratados deliberadamente por el partido en el poder y con el apoyo de los dueños de los medios y los grupos empresariales.Después de la elección del 2006, el legislador ordinario en 2007 realizó sendas reformas a los artículos 41 y 134 de la Carta Magna, siendo lo sustantivo de la reforma la prohibición para la contratación de medios de manera directa, estableciéndose la facultad al IFE de otorgar espacios en medios tomados del tiempo oficial; asimismo, se estableció la obligación de la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos y limitantes para el uso de las áreas de comunicación de los gobiernos. Pese a esa trascendente reforma, el tiempo oficial distribuido a los partidos políticos no se realiza de manera equitativa; basta encender el radio o el televisor para darse cuenta que unos gozan de esa prerrogativa más que otros, lo cual por sí mismo no genera condiciones de equidad en el proceso electoral.
En la actual elección del 2012 y en la extraordinaria de Morelia podemos realizar varias observaciones:
Primero.- Los procesos internos con precandidatos únicos que otorgan el derecho a los partidos y sus precandidatos de promocionar y difundir su imagen y mensaje político, teniendo inclusive acceso a medios masivos a través del IFE, resultan ser absurdos por no haber competencia interna, es decir, si solo hay un precandidato, seguro es que será el candidato, por lo que urge una reforma federal y local para evitar esta recurrente práctica.
Asimismo, se deben establecer los mecanismos para evitar simulaciones de procesos internos; es decir, registros de varios precandidatos que sirvan para cubrir el requisito de competencia.
Segundo.- Es de suma urgencia una reforma para permitir que todos los partidos y los candidatos tengan y disfruten del mismo derecho de acceso a los medios masivos de comunicación de manera equitativa, claro, en el entendido que se deberán establecer las reglas para el caso de coaliciones o candidaturas comunes.
Tercero.- La ausencia de una justicia administrativa y jurisdiccional expedita y efectiva; en el caso del Código Electoral de Michoacán, se establece en su párrafo segundo del artículo 37 K, la facultad al Consejo General del IEM para negar el registro de candidaturas cuando se acrediten violaciones graves a la norma electoral.
De lo anterior, existen ejemplos claros. Marko Cortés, en el proceso 2011, además de realizar precampaña sin tener el derecho para realizarlo, porque su propia convocatoria establecía que el método de elección era por designación del Comité Nacional del PAN, más no así en un proceso democrático de elección interna, cayó en actos anticipados de campaña y sin duda rebasó el tope de gastos de precampaña (se está repitiendo en la extraordinaria), sin embargo pese a la petición y quejas de los otros partidos, dicha disposición no fue aplicada, lo que habla del pésimo sistema de justicia electoral.
En dicho sentido, el legislador local debe regular este tipo de casos estableciendo un procedimiento expedito, sencillo y funcional para evitar violaciones graves que pongan en riesgo la equidad y legalidad de los procesos, y con el fin de evitar abusos. Al día de hoy las violaciones citadas son recurrentes, ya que sólo generan pequeñas multas o, cuando se acredita el rebase del tope de gastos, ya se acabó el proceso electoral y ya hay gobernantes nuevos.
Sin duda alguna urgen realizar diversas reformas al derecho electoral, tanto a la norma administrativa como en la norma procesal y de justicia, que garanticen los principios constitucionales de equidad y legalidad, lo cual se antoja complicado ya que esa reformas atentan contra los intereses y estrategias electorales de los propios partidos políticos.
*Analista