Conforme transcurren los días, se desnuda la estrategia que el PRI operó para apoderarse de la presidencia de la república y, como siempre, con triquiñuelas que, a diferencia del pasado, ahora la discusión no es quién sacó más votos, el meollo del asunto es cómo llegaron a la urna.
La compra y coacción del voto auspiciada por el PRI no es novedad, fue una práctica sistemática que ejerció ese partido por mucho tiempo a través de sindicatos y organizaciones corporativas como el SNTPRM, SNTE, CNC, CNOP, CROC, CROM y la CTM dirigida por su líder vitalicio don Fidel Velázquez, que le permitió al PRI permanecer más de 70 años en el poder sin alternancia.Las pruebas que está acumulando el movimiento progresista encabezado por el aún candidato Andrés Manuel López Obrador, que serán presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no son cosa menor, sobre todo si se acredita el uso de recursos públicos o privados para comprar votos, lo cual demostraría una violación del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte del priista Peña Nieto, hecho que pondría al tribunal entre la espada y la pared.
La gran disyuntiva para los magistrados es, por un lado, cumplir con su responsabilidad de hacer valer la constitución y limpiar la elección, lo que implicaría analizar y desahogar objetivamente cada una de las pruebas presentadas por los inconformes, con el riesgo de desacreditar lo hecho por el IFE y exhibirlo como institución incompetente, o lo que sería peor, como cómplice por haber permitido tales conductas sin alguna observación; y por el otro, simplemente, como se dice en el argot jurídico, “darle palo” al recurso con el argumento de siempre: “las pruebas presentadas no fueron lo suficientemente consistentes para invalidar la elección” y se busque una salida salomónica al problema para dejar las cosas como están, que es lo más probable.
Por lo que se sabe, los operadores de Enrique Peña Nieto utilizaron estructuras financieras paralelas para manejar cantidades millonarias que, de acuerdo a versión de los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, provendrían del lavado de dinero, por lo que solicitaron de manera conjunta a la PGR que se abra una investigación a través de la SIEDO para que aclare el origen y destino de esos recursos.
El coordinador jurídico del equipo de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, admitió que sí existe un vínculo entre el grupo financiero Monex y el PRI, que fue contratado por Alkino Servicios y Calidad, S.A., para proporcionar, junto a la cadena de tiendas SORIANA, miles de tarjetas de prepago para pagar servicios a operadores priistas.
También se difundió a través de la cadena MVS que millonadas fueron depositadas a MONEX y que fueron canalizadas a las empresas EFRA e IMIZZIO, cuyo principal accionista resulta ser un humilde obrero, por lo que se presume que es un prestanombres para despistar y camuflajear la transferencia, de igual manera se involucra a otras empresas tales como: ATAMA, GRUPO KOLEOS, GRUPO TIGUAN y un particular de nombre Rodrigo Fernández Noriega, que habrían hecho depósitos a MONEX por más de 100 millones de pesos de dudosa procedencia para ser utilizados para comprarle la presidencia a Peña Nieto.
Ojalá, y por el bien de México, las autoridades se pongan realmente a trabajar y resuelven este complejo entramado de empresas presumiblemente involucradas en lavado de dinero que ya ha tomado dimensiones de escándalo y que, de acuerdo a señalamientos del movimiento progresista, habría sido determinante en el resultado de las elecciones el 1 de julio.