La falsa concepción de algunos sectores sociales de que el gobierno tiene la responsabilidad de solucionarles la vida es un error histórico que ha sido auspiciado y fortalecido por gobiernos y partidos políticos que, en su afán de ganar elecciones, la convierten en práctica recurrente para ganar simpatías, ya sea en campaña o desde el ejercicio del poder mismo.
Es más sencillo desde el gobierno prostituir al ciudadano a través de una dádiva que establecer compromisos de trabajo para impulsar programas compartidos que ayuden a incorporarlo a su propio desarrollo.Una dádiva es una acción moralmente satisfactoria y socialmente admirable, pero es un paliativo que responde más a una obra de caridad que a la pretensión de solucionar los problemas sociales de fondo. Es decir, es simplemente buscar el aplauso fácil para “yo” sentirme bien, aunque dicha acción no responda a una estrategia planificada para generar desarrollo
Se entiende que no es fácil desterrar este flagelo; sobre todo si se considera que después de los más de 80 años de gobiernos de derecha en México, prácticamente se convirtió en una regla no escrita del trabajo gubernamental y en una cada vez más arraigada cultura social. A esto habría que agregar que no se cuenta con la voluntad o la experiencia oficial para impulsar programas y acciones que vayan encaminadas a fortalecer la participación ciudadana que, sin duda, sería el único antídoto para desterrar esta práctica que tanto daña al desarrollo de los pueblos
Aquí el asunto es si dentro de los planes de desarrollo del estado y municipios contemplan la participación ciudadana y qué tanta voluntad política tienen para materializar lo que en ellos se expresa. Existen muchos documentos de planeación que para efecto de cumplir el requisito legal están teóricamente bien elaborados, pero terminan siendo solo catálogos de buenas intenciones, pues para efectos de operatividad nunca se consultan y solo son letra muerta.
La “participación ciudadana” es un concepto muy desgastado y abstracto si no va acompañado de acciones concretas que clarifiquen los criterios y procedimientos del cómo incorporar a los sectores a ser parte de su desarrollo, es imperativo contar con programas de desarrollo social que permitan mostrar el camino a los ciudadanos para que los haga útiles para ellos mismos y para su comunidad.
Mal hacen los diputados en no legislar en materia de participación ciudadana, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato; son conceptos que se utilizan solo para embellecer discursos políticos de campaña, pero nunca como una práctica de gobierno. Encasillar la democracia únicamente en la participación electoral de los ciudadanos es una discapacidad legal de nuestro régimen político.
Son apenas los cimientos de este complejo entramado que se requiere para construir un régimen democrático participativo, donde se cuente con una sociedad civil más conciente, activa y organizada e ir pavimentando el camino para acabar con el lastre social que representa el paternalismo.
En el colectivo existe la percepción que si cruza la boleta ya cumplió con su deber y que es responsabilidad de otros defender el voto y ejercer el gobierno, quizás en otros países donde las instituciones gozan de prestigio y credibilidad ciudadana esta apreciación sea plausible, pero no puede ser el caso de México. Esta miopía ha permitido que se consuman los más descarados fraudes electorales para que verdaderos traidores se encaramen al poder y la tan cacareada democracia participativa sigue siendo una factura pendiente.
Mientras no haya reformas legales la cosa pública seguirá siendo solo responsabilidad de unos cuantos privilegiados y el grueso de la población seguirá ajena a una actividad que por su propia naturaleza debería involucrar a todos para que también participen en la planeación y ejecución de los recursos públicos, para que la sociedad civil se pueda involucrar de hecho y de derecho en la forma de hacer gobierno.
No son pocos los que creen que la sociedad mexicana no tiene la madurez para alcanzar este nivel de organización, incluso algunos políticos que se dicen de izquierda no les gustaría poner en la mesa de discusión los recursos públicos, porque significa estar bajo un escrutinio popular permanente y perder poder para cederlo a los ciudadanos.
Mediante un esquema de mayor participación ciudadana se podría crear una contraloría social que garantice una auténtica transparencia en el manejo de los recursos públicos y una mejor rendición de cuentas de los ‘poderes ejecutivos de cualquier nivel. Este proyecto aún continúa en obra negra porque tiene connotaciones legislativas y existen temas que al partido en el poder no le convienen por el riesgo que significa para sus intereses compartir el poder.
Los proyectos ciudadanos en las políticas públicas no pueden prosperar sin la participación de los tres niveles de gobierno, pero son los presidentes municipales quienes juegan un papel definitivo por ser la primera estructura oficial que le da el rostro al ciudadano y quien puede impulsar, de acuerdo a su propia realidad, la organización social que permita materializar este esquema de participación mediante el seguimiento y acompañamiento a las comunidades.