El 2 de agosto de los corrientes, la Visitadurìa regional de Uruapan de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ordenó medida precautoria o cautelar a la presidencia de Turicato por una queja captada de oficio derivada de una nota periodística y de una visita de inspección que realizaron funcionarios de ese organismo a la comunidad de la Nueva Jerusalén, con motivo de los hechos vandálicos registrados el 6 de julio pasado.
Con fecha 8 de agosto, el H. ayuntamiento de Turicato, a través de su Departamento Jurídico, contestó en tiempo y forma los señalamientos hechos por la CEDH, mediante oficio dirigido a la Lic. Silvia Chávez Gil, visitadora regional de Uruapan de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hecho que se deriva de la queja de oficio CEDH/URU/137/212.Los señalamientos hechos al ayuntamiento y otras dependencias por presunción de responsabilidad, son en los siguientes términos:
“Procedan de inmediato, y en el ámbito de sus competencias, respecto a los derechos humanos establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de: Preservación del estado de derecho, educación, gobernabilidad, seguridad pública y libre tránsito, libertad de culto religioso, procuración de justicia y acceso a servicios públicos municipales como agua potable y electricidad”.
En lo que al ayuntamiento confiere, de brindar servicios municipales de infraestructura básica como el agua potable y la electrificación, información a la que tuve acceso refiere que el alcalde Salvador Barrera, a través de la Dirección de Obras Públicas, suministra diariamente agua a través de pipas en la comunidad para proporcionar el vital liquido a todos los habitantes sin distingos políticos o de culto, servicio que es garantizado por tiempo indefinido.
En el programa operativo anual (POA) se contempla la construcción de una calle con una inversión de 750 mil pesos y un aula de telesecundaria, pero se hizo un compas de espera cuyo desenlace fue la quema de una escuela primaria y un preescolar. También se contempla la electrificación en la colonia del Sagrado Corazón de Jesús, obra que de igual forma tendrá que ser reprogramada hasta que se generen condiciones de tranquilidad para iniciarla.
Y por si esto fuera poco, el ayuntamiento realizó todos los tramites a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para apoyar a la comunidad con la electrificación de las colonias Altamira y Papaloapan, cuyos trabajos ya habían iniciado, pero fueron igualmente suspendidos de manera temporal por la resistencia del grupo fundamentalista de San Martín de Tour que se ha empeñado en permanecer en el aislamiento para continuar haciendo de las suyas.
Es de celebrarse la preocupación de la Comisión Estatal de los Derechos humanos de lo que está sucediendo en La Ermita, preocupación que también el ayuntamiento comparte; pero considero que sus baterías debería dirigirlas con mayor rigor al gobierno del estado al no garantizar el estado de derecho y permitir que grupos sin ningún escrúpulo se burlen de la ley y pisoteen las instituciones.
De ahí se deriva que no se pueda proveer de servicios básicos y de asistencia social a la comunidad, al no haber garantía para que se trabaje con la seguridad de que se respetará la integridad física de trabajadores y funcionarios, que pretenden iniciar obras y acciones para beneficio colectivo, que ayudaría en mucho a sacar a los habitantes de la marginación y pobreza en la que han vivido por casi 40 años. La preocupación e intervención del ayuntamiento de Turicato para llevar la educación hasta la comunidad ha sido permanente, la sola existencia de 2 escuelas que fueron destruidas es una prueba tangible de ello.
Pero el ayuntamiento tampoco ha sido ajeno a las negociaciones que se han organizado como un esfuerzo para destrabar el conflicto. Existen minutas de trabajo y actas circunstanciadas de todos los eventos que la institución ha organizado en el ánimo de contribuir a una negociación pacífica.
Pero los resultados han sido siempre los mismos, el grupo tradicionalista, escudándose en el concepto de “usos y costumbres”, que no aplica por no estar considerada como una comunidad indígena, no cede ante ninguna propuesta, aunque con ello estén condenando a la comunidad a continuar en la absoluta ignorancia y a seguir padeciendo rezagos y pobreza. El caso es que nunca se compromete a nada ni firma ninguna minuta y, si lo hace en la mesa de negociación, más tarde en los hechos se retractan.
En realidad, el problema de los grupos no es tanto por el control interno de la comunidad, es por la restauración del estado de derecho y por el respeto a la legalidad, esta será la única medida que ayudará a pacificar a la comunidad y a insertarla al desarrollo. Esa es también la razón por la que ahora está interviniendo la Comisión de los Derechos Humanos, pero esa responsabilidad la tienen los órganos de procuración de justicia que hasta ahorita han brillado por su ausencia.
En todo caso, sería a estos a quienes deberían de observar con mayor severidad, porque el ayuntamiento de Turicato, en pleno uso de sus facultades, entregó las pruebas fotográficas a la Procuraduría General de Justicia, donde se puede observar a los vándalos que destruyeron las instalaciones educativas, para que actúen en consecuencia, algo que a la fecha no se ha visto. O dígame usted ¿cuántas órdenes de aprehensión se giraron por la quema de las escuelas?
Es importante señalar la omisión deliberada del actual encargado de la Nueva Jerusalén, Cruz Cárdenas, al no informar con prontitud al ayuntamiento de lo que estaba ocurriendo, para evitar, sin duda, el arresto en flagrancia de los delincuentes por parte de la policía municipal. Esto motivó que la presidencia revocara su nombramiento como encargado del orden de la comunidad de referencia. A raíz de tales acontecimientos la Dirección de Seguridad Pública municipal está realizando rondines permanentes por la comunidad para garantizar paz y tranquilidad entre los pobladores
El alcalde de Turicato ha sido respetuoso de las libertades de culto, pero le preocupa las precarias condiciones sociales que prevalecen, esto ya se lo ha externado en corto al gobernador para encontrar una solución consensada y sin violencia, con la única pretensión de que todos los habitantes de la Nueva Jerusalén puedan gozar de la protección y los beneficios que otorga la Constitución Política a todos los mexicanos