Alejandro Castañeda
17 de septiembre de 2026.-La informalidad laboral suele abordarse como un problema de trámites, impuestos o incumplimiento de obligaciones. Sin embargo, una perspectiva distinta plantea que detrás de buena parte de la economía informal existe una carencia mucho más profunda: millones de personas trabajan con poco capital, herramientas insuficientes, escaso acceso al crédito y dificultades para llegar a mejores mercados.
Esta es la tesis central del economista José Romero, en su artículo “La otra mitad de México necesita máquinas”, publicado en La Jornada. El autor señala que en 2024 el 54.4 por ciento de la población ocupada se encontraba en la informalidad, mientras este sector generaba 25.4 por ciento del PIB. Aunque advierte que la comparación debe tomarse con cautela por las diferencias entre actividades y escalas productivas, considera que revela una importante brecha de productividad.
La expresión “necesita máquinas” no se refiere simplemente a repartir maquinaria. Se trata de reconocer que un pequeño productor, una carpintería, un taller, una parcela campesina o un negocio de alimentos difícilmente podrá aumentar sus ingresos si carece de tecnología y herramientas adecuadas.
Romero propone, por ello, una política nacional de equipamiento productivo popular, que incluya bancos de maquinaria, centros de alquiler, talleres compartidos y esquemas de pago por uso, además de capacitación, mantenimiento y seguros.
Pero producir más tampoco es suficiente si el trabajador continúa dependiendo de intermediarios que concentran buena parte de las ganancias. El planteamiento incluye mejorar la comercialización mediante redes que permitan a pequeños productores acceder directamente a consumidores, comercios y compras gubernamentales.
La formalización, desde esta perspectiva, debería ser un proceso gradual y acompañado, no una barrera de entrada. El objetivo sería que las personas puedan incrementar sus ingresos y productividad y, al mismo tiempo, incorporarse progresivamente a la seguridad social y al cumplimiento de sus obligaciones.
Para estados como Michoacán, donde tienen un peso importante las actividades campesinas, artesanales, comerciales y de pequeña producción, el planteamiento abre una discusión relevante: la formalidad debe proteger derechos, pero también necesita condiciones económicas que permitan sostenerla.
En última instancia, combatir la informalidad no consiste solamente en decirle al trabajador que se registre. También significa darle herramientas para producir más, vender mejor y conservar una mayor parte del valor generado por su propio trabajo.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2026/09/11/opinion/017a1eco
