Alejandro Castañeda
17 de septiembre de 2026.- La implementación del Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) abre una nueva etapa para la industria aguacatera y coloca en el centro de la actividad exportadora un tema que durante años ha permanecido en segundo plano: los derechos laborales de quienes hacen posible la producción del llamado oro verde.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puso en marcha el programa piloto del CLA, inicialmente dirigido al sector aguacatero, mediante la plataforma tecnológica VELAGRO. El mecanismo busca acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social a lo largo de la cadena productiva, además de contribuir a prevenir el trabajo infantil y forzoso.
El calendario contempla que, del 15 al 30 de septiembre de 2026, los agroexportadores registren sus perfiles y proporcionen información estadística de sus operaciones correspondientes a los últimos 12 meses. Posteriormente, del 1 al 7 de noviembre, deberán incorporar información de productores, huertos y demás integrantes de sus cadenas de valor. El proceso continuará durante 2027 con la incorporación progresiva de registros patronales ante el IMSS y la aplicación escalonada del factor técnico de mano de obra. El régimen permanente comenzará en febrero de 2028.
Para Michoacán, principal referente nacional de la producción aguacatera, el proceso adquiere especial relevancia. El Gobierno estatal ha participado junto con la STPS y el IMSS en la preparación del programa y en acciones de socialización y capacitación dirigidas al sector.
La dimensión laboral es particularmente importante. Detrás de cada huerto, cada jornada de corte y cada embarque existe una fuerza de trabajo cuyo acceso a seguridad social, salario, prestaciones y condiciones dignas debe formar parte de la trazabilidad de la cadena agroexportadora.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el desafío consiste en que la competitividad internacional del aguacate no descanse en condiciones laborales precarias. El reconocimiento de los derechos de las personas jornaleras no debería entenderse únicamente como un requisito comercial, sino como una obligación vinculada con la dignidad humana y el derecho al trabajo digno, según lo han expresado las autoridades estatales.
El CLA representa, en ese sentido, un cambio relevante: que detrás de cada aguacate destinado al mercado internacional pueda acreditarse no solamente su origen, sino también el respeto a los derechos de quienes lo producen, puntualizan.
