ALEJANDRO MARTINEZ CASTAÑEDA
28 ENERO 2026.-El informe de Oxfam 2026, “Riqueza sin control, democracia en riesgo”, ofrece un diagnóstico contundente sobre la desigualdad en América Latina y el Caribe. En la región, 109 multimillonarios concentran una riqueza equivalente al PIB conjunto de Chile y Perú, y solo en el último año su fortuna creció 39%. Desde el año 2000, la riqueza de las élites económicas aumentó 443%, mientras millones de personas siguen enfrentando pobreza, precariedad laboral y falta de oportunidades.
Estas cifras no reflejan una anomalía, sino el funcionamiento normal de un modelo económico hegemónico que privilegia la ganancia por encima del bienestar colectivo. La concentración extrema de riqueza es consecuencia directa de un sistema que normaliza la acumulación sin límites, debilita los sistemas fiscales y protege el privilegio heredado: 53.8% de los superricos obtuvieron su fortuna por herencia, perpetuando la desigualdad entre generaciones.
Este modelo se sostiene también en valores que exaltan la competencia desenfrenada, el individualismo y el éxito económico como fines en sí mismos. Sin embargo, cuando el dinero se convierte en poder político, la democracia comienza a erosionarse. Oxfam advierte que la hiperconcentración de riqueza permite a las élites influir en decisiones públicas, condicionar leyes, capturar instituciones y debilitar la participación ciudadana, abriendo la puerta a derivas autoritarias.
Para México, estas advertencias son especialmente relevantes. La desigualdad histórica del país, combinada con un sistema fiscal débil y una alta concentración de poder económico, limita la capacidad del Estado para garantizar derechos y reduce la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando las políticas públicas benefician sistemáticamente a unos pocos, la democracia pierde legitimidad.
No obstante, esta crisis no se explica solo desde arriba. La pasividad social y la falta de participación ciudadana también contribuyen a que el poder económico avance sin contrapesos. A la ciudadanía le corresponde involucrarse más en los asuntos de interés colectivo, exigir rendición de cuentas y ejercer una participación informada y crítica.
En este punto, el papel de la información es central. Muchos medios tradicionales han defendido el status quo, evitando cuestionar las causas estructurales de la desigualdad. Informarse más allá de esos espacios, contrastar fuentes y abrir el debate público es hoy una responsabilidad democrática.
