Michoacán es pionero nacional en el diseño de una política pública de carácter social, que busca garantizar el derecho humano a la identidad, acercando los servicios a la gente, y teniendo como objetivo aquellos grupos sociales con algún grado de vulnerabilidad; por ello, se ha determinado subsidiar de forma total los costos de los servicios del registro civil para determinados sectores poblacionales de los 113 municipios michoacanos.
Al respecto, el director del Registro Civil de Michoacán, Hugo Gama Coria, refirió que el 23 de mayo pasado se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Programa Integral de Certificación y Regularización del Estado Civil para Grupos Vulnerables, -decretado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo y el secretario de Gobierno, Adrián López Solís-, en el cual se determinó subsidio total a los servicios del registro civil para determinados grupos sociales en los 113 municipios.Precisó que dicho programa tiene como finalidad generar una política pública transversal que garantice en primer instancia el derecho a la identidad, pero que a su vez genere una cadena de protección de otros derechos humanos, como el de la educación, la salud, el acceso a programas sociales o, incluso, para obtener la credencial de elector.
La población objetivo del programa son los menores en estado de abandono o sujetos a maltrato, las mujeres jefas de familia o violentadas, los migrantes, personas con alguna discapacidad, víctimas del delito, población marginada del medio rural o urbano, personas de la tercera edad en desamparo y las niñas, niños, jóvenes y adultos que quieran seguir estudiando y no cuenten con recursos, remarcó el funcionario al ser entrevistado.
Puntualizó que para el acceso a los beneficios del Registro Civil, “hay plena coordinación con las dependencias que de manera cotidiana atienden a la población objetivo, o por medio de las campañas que ha emprendido la dependencia a su cargo por instrucción del secretario de gobierno”.
Destacó que el programa es innovador, “no hay en el país una política pública de esa naturaleza, que deja evidencia del compromiso de este gobierno por el reconocimiento, protección y progresividad de los derechos fundamentales de los michoacanos”.