La aprobación de la nueva Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal dista de ser una herramienta jurídica que reconozca la relevancia económica, social y cultural del artesano y las artesanías, por el contrario es un documento burocrático en el que las dependencias y funcionarios del gobierno son el actor principal, sostuvo Abel Castillo, presidente del Consejo Michoacano de Marcas Colectivas.
Además, se pronunció en contra del cambio de nombre de Casa de las Artesanías por el de Instituto del Artesano Michoacano.“La denominación Casa de las Artesanías per se es un marca de facto bien posicionada en la mente del consumidor de artesanías, que facilita la promoción y comercialización de los productos del sector, CASART representa intrínsecamente autenticidad y certeza del origen”, dijo en Pátzcuaro el dirigente artesanal en entrevista.
Expuso que el nombre de Casa de las Artesanías originalmente tuvo como objeto generar un espacio propio de los sujetos para exponer y comercializar sus piezas, “espacio que debían y sentían como propio, pues la finalidad fue no visualizarlo como una dependencia de gobierno”
En términos conceptuales e, incluso, de promoción y comercialización, el cambiarle el nombre para llamar a dicha área como instituto, demerita la actividad y a los individuos, les quita identidad y desfavorece las ventas, remarcó.
Asimismo, refirió que en la nueva ley en la materia se conceptualiza al sector como piezas ornamentales solamente, “para adornar eventos, depreciando la capacidad de los artesanos para opinar y decidir sobre los proyectos y programas para su sector”
De igual modo, adujo, dicha ley no genera patrimonialización de los saberes y haberes artesanales, es decir, no establece el conocimiento artesanal y su manufactura como un bien intangible que merezca reconocimiento y protección, como sucede con los derechos de autor, en los que se reconoce el origen intelectual de las obras, y que es lo que genera valor agregado.
Por ello, es indispensable que se revise la nueva ley, y que se le dé un espíritu diferente, pues es evidente que no se recoge en dicha norma la relevancia del sector, incluso la anterior legislación era más completa y tenía una mejor concepción, destacó Castillo.