No hay más camino que la legalidad y el Estado de Derecho para acceder a mejores condiciones de desarrollo, subrayó el diputado Humberto González Villagómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
De cara a la sociedad, al emitir su mensaje durante el Segundo Informe de Labores Legislativas de la bancada del PRD, el cual por la contingencia sanitaria del Covid-19, el legislador recordó que en el Congreso están obligados a generar los instrumentos de carácter legal para reformar y fortalecer a los cuerpos policiales, dotarlos de tecnología moderna y sistemas de información, así como el mejoramiento de la efectividad de los procesos judiciales.
Ante el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, el Secretario de Gobierno en Michoacán, Carlos Herrera Tello, la presidenta de la Mesa Directiva y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Brenda Fraga y Javier Estrada, que acudieron a presenciar el informe de labores del GPPRD, el diputado apuntó que desde la Cámara local se ha hecho énfasis en la necesidad de una política de Estado que aglutine a los tres Poderes y órdenes de gobierno y a la sociedad organizada en la lucha contra la inseguridad.
“Demandamos en repetidas ocasiones la coordinación de la Federación con los estados y municipios en materia de seguridad, pues consideramos que es la única forma que podremos vencer la inseguridad que aqueja al país y debe ser este tema una prioridad nacional”.
El diputado por el Distrito de Puruándiro apuntó que en lo personal ha promovido 38 asuntos, de los que la mitad ya han sido aprobados por el Pleno del Congreso. Agregó que hasta el momento son 17 reformas de Ley las que ha presentado, cinco posicionamientos, y 16 puntos de acuerdo.
Ante las diputadas locales Adriana Hernández y Cristina Portillo, así como empresarios, destacó “a lo largo de este Segundo Año de trabajos legislativos, hemos contribuido para caminar en la armonización del marco jurídico vigente en materia de seguridad y justicia, para que las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia cuenten con las herramientas para garantizar la paz y el Estado de Derecho”.
Humberto González recordó que en este segundo año de labores se hizo uso de la tribuna para exhortar al Ejecutivo Federal para que modifique su política de seguridad, pues, si bien es deseable hacer énfasis en la prevención social y la erradicación de las causas sociales y económicas que originan la delincuencia, también se debe reconocer que dentro de los cánones del Estado de Derecho, la coerción es un instrumento ineludible en la lucha contra la delincuencia, en particular el crimen organizado y que la prevención social, no basta por sí sola para enfrentar el desafío político que supone el intenso temor que afecta a la sociedad mexicana.
“Hoy nos quieren vender la idea de que ya no manda la delincuencia organizada como era antes; que ya no hay torturas y desapariciones, ni masacres. Que se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Que ya no haya funcionarios en el gobierno federal como García Luna.”
Expuso datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva coloca como las entidades que se encuentran por encima de la media nacional al Estado de México con (29,960 delitos); Ciudad de México (20,637); Guanajuato (11,622); Jalisco (11,145); Baja California (8,862); Nuevo León (6,710); Chihuahua (5,671); Puebla (5,624).
“Sin embargo, el luto de las familias no acepta que sigamos jugando al “tin marín”, ya lo he dicho antes. Hagamos del diálogo interinstitucional una forma menos burocrática y más ejecutiva, que permita coordinarnos para enfrentar el daño que sufren las instituciones cuando suceden estos actos en las calles”.
Finalmente resaltó que, como Grupo Parlamentario del PRD, hemos procurado recurrir a una actividad constante con todas las autoridades, somos un gobierno que se esfuerza más allá de los límites de una competencia estatal, que piensa en articular un diseño regional que permita atender los problemas consecuencia de la inseguridad, educación, municipios, vivienda, alimentación y nuestro campo michoacano. “Somos una bancada que trabaja en miras de generar un beneficio social para todas y todos nuestros compañeros michoacanos”.
