Alejandro Martínez Castañeda
8 MARZO 2026.-Durante décadas, el desarrollo urbano en México se construyó bajo una lógica profundamente desigual: ciudades que crecían sin planeación, infraestructura que privilegiaba al automóvil y transporte público relegado a la precariedad. El resultado fue una realidad cotidiana para millones de personas: largas horas de traslado, costos elevados y una ciudad que parecía diseñada para unos cuantos.
Por ello, el reconocimiento constitucional del derecho humano a la movilidad en 2020 marcó un cambio de paradigma. No se trata únicamente de trasladarse de un punto a otro; se trata de garantizar condiciones dignas para ejercer otros derechos fundamentales, como el acceso al trabajo, la educación, la salud y la vida comunitaria. La movilidad, en este sentido, es una pieza clave de la justicia social.
Este enfoque se vincula con la visión impulsada por ONU-Habitat, que plantea el concepto del derecho a la ciudad: ciudades más equitativas, donde el espacio urbano y sus beneficios no estén determinados por la condición económica o el lugar donde se vive.
En Morelia, este debate se vuelve especialmente relevante. El crecimiento urbano de las últimas décadas ha ampliado la distancia entre los centros de empleo y las zonas habitacionales, particularmente en la periferia. Miles de familias que viven en complejos como Villas del Pedregal enfrentan diariamente trayectos largos, transporte insuficiente y costos que impactan directamente en su economía.
A ello se suma la saturación vial provocada por un parque vehicular que supera los 640 mil automóviles, lo que ha convertido puntos como el Obelisco a Lázaro Cárdenas y las principales salidas carreteras en verdaderos embudos urbanos. El problema de movilidad dejó hace tiempo de ser una incomodidad cotidiana: es un obstáculo para el desarrollo de la ciudad y para la igualdad de oportunidades.
Frente a este panorama, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha colocado la movilidad en el centro de la agenda pública, impulsando una estrategia de infraestructura que busca corregir rezagos históricos. Proyectos como el Segundo Anillo Periférico, los distribuidores viales en puntos críticos, el paso superior en Villas del Pedregal y la ampliación de avenidas estratégicas responden a una necesidad urgente: desahogar los cuellos de botella que afectan la dinámica económica y social de la capital michoacana.
Pero la apuesta va más allá de la infraestructura vial. El impulso al teleférico y al sistema de Metrobús apunta a algo más profundo: reordenar el transporte público y ofrecer alternativas masivas, eficientes y sostenibles, capaces de reducir la dependencia del automóvil.
Este enfoque coincide con los principios de la política pública impulsada por el proyecto de transformación nacional: poner en el centro a las personas y no únicamente a los vehículos. La movilidad, vista desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta para cerrar brechas sociales y garantizar que el crecimiento urbano no excluya a quienes viven en la periferia.
El desafío, sin embargo, no termina con la construcción de obras. Reconocer la movilidad como derecho humano implica consolidar un sistema de transporte digno, accesible y seguro, donde peatones, ciclistas y usuarios del transporte público tengan prioridad en el diseño de la ciudad.
Morelia se encuentra ante una oportunidad histórica. Si las políticas actuales logran consolidarse, la capital michoacana podría transitar de un modelo urbano fragmentado hacia una ciudad más conectada, más justa y más humana.
Porque, en el fondo, la movilidad no es solo un asunto de tránsito: es una cuestión de derechos, de equidad y de futuro para la ciudad.
