Alejandro Castañeda
03 de agosto de 2026.- La llamada “Ley Silla” dejó de ser una propuesta para convertirse en una obligación para todos los centros de trabajo del país. Desde el 15 de diciembre de 2025, las empresas deben cumplir con las disposiciones establecidas en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, mientras que durante 2026 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) incorporó su cumplimiento al Programa Anual de Inspección, lo que ha incrementado las revisiones a centros laborales.
La reforma busca proteger la salud de las personas trabajadoras que permanecen de pie durante largos periodos, particularmente en sectores como comercio, supermercados, farmacias, restaurantes, hoteles, bancos y centros de atención telefónica.
Entre las nuevas obligaciones para los empleadores se encuentra proporcionar sillas con respaldo para que el personal pueda realizar sus actividades o descansar periódicamente, además de actualizar el Reglamento Interior de Trabajo para establecer los tiempos de descanso y realizar un diagnóstico de los puestos que realmente requieren permanecer de pie.
Especialistas en derecho laboral consideran que el principal desafío no ha sido la complejidad de la norma, sino el cambio de una cultura organizacional en la que, durante años, permanecer sentado era considerado un signo de baja productividad. La adecuación implica inversiones en mobiliario, rediseño de espacios y capacitación de mandos medios para garantizar el cumplimiento de la legislación.
Las empresas que incumplan pueden enfrentar sanciones económicas que van de 250 a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a decenas o cientos de miles de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. En casos de reincidencia, las multas pueden incrementarse significativamente, además de existir el riesgo de litigios laborales relacionados con enfermedades derivadas de permanecer de pie por tiempos prolongados.
La reforma también representa un cambio en la política laboral del país. Diversos analistas consideran que la “Ley Silla” anticipa una nueva etapa en la que el bienestar de las personas trabajadoras deja de ser una prestación voluntaria para convertirse en una obligación legal. En ese contexto, el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales apunta en la misma dirección: fortalecer la protección de la salud y los derechos laborales.
Para las micro, pequeñas y grandes empresas, el reto consiste ahora en adaptar sus procesos internos antes de que una inspección detecte incumplimientos, mientras que para las personas trabajadoras la reforma representa el reconocimiento de un derecho orientado a prevenir afectaciones físicas derivadas de jornadas prolongadas de pie.
