21 julio, 2024
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Las plurinominales: ¿Un mal necesario?

Cada día son más las voces que demandan la desaparición de la figura de diputado de representación proporcional (plurinominal). Los argumentos son muchos, pero entre los de mayor peso están los relacionados con la carga que estos significan para el erario público y la dificultad para lograr consensos.

Además, habría que mencionar el poder que estos ejercen para apoderarse de los liderazgos de las bancadas parlamentarias y presidir las mejores comisiones sin haber hecho campaña. O sea, son los que tienen mayor poder sin contar con la legitimidad del voto popular, pero respaldados por la fuerza electoral del partido que los propuso.

Quizás a quienes demandan la desaparición no les falte razón, considerando que los diputados pluris, al tener un compromiso más manifiesto con los partidos, no atienden compromisos ciudadanos, por tanto, no sufren tanto desgaste y les sobra tiempo para tejer amarres; por ahí los vemos como “chapulines”, brincando sin despeinarse de un cargo a otro de mayor o menor jerarquía sin aportar, en algunos casos, nada sustantivo a México.

A diferencia de los pluris, los de mayoría relativa gastan su dinero haciendo campaña y adquieren compromisos frente a frente con los sectores sociales de su distrito; es de suponer que , en efecto, sufren un mayor desgaste político al no cumplir algunos compromisos hechos en campañas; eso dista mucho de lo que pudiera llamarse justicia revolucionaria.

Esta figura parlamentaria, en los últimos años, ha sido vilipendiada por los propios partidos desde el momento en que los líderes no siempre proponen a los mejores perfiles y, en muchos casos, estos espacios son utilizados para acomodar a sus cuates o para pagar algún favor personal o factura pendiente.

Siempre veremos en esos sitios a personas muy cercanas a políticos encumbrados, desde un súper amigo hasta una amante (como en todo, hay excepciones).

Pero vale la pena citar que la figura de diputado de lista o pluri aparece por primera vez en 1963, a través de una reforma electoral promulgada por el entonces presidente Adolfo López Mateos, con la cual buscaba dar muestra de una mayor apertura democrática de su gobierno, en un momento en que la pluralidad del sistema político mexicano estaba muy cuestionada por la inocultable dictadura partidista que el PRI, a través del fraude y el ” carro completo”, imponía, y la exclusión de grandes sectores sociales era muy marcada.

En esa reforma, el Senado quedó al margen; sin embargo, aunque algunos no lo reconozcan, esto generó nuevas expectativas al quehacer parlamentario en el futuro inmediato.

Sin duda que una de las decisiones políticas de mayor trascendencia de Adolfo López Mateos fue la reforma electoral que transformó la conformación de la Cámara, dando cabida a la participación de las minorías; pero, en el fondo, tenía por objeto cambiar su imagen de autoritario por un gobierno plural e incluyente, aunque en la realidad esto no sucediera

La ley reformada se aplicó por primera vez en las elecciones del 5 de julio de 1964. El PAN logró obtener veinte diputados de partido (todavía no eran pluris); el PPS, nueve, y el PARM, cinco; los escaños asignados por esta nueva modalidad fueron 32, es decir el 15.3% del efectivo total de la Cámara (eran solamente 186 escaños).

Estas cifras se mantuvieron casi inamovibles en elecciones posteriores. Estos partidos eran paraestatales del PRI, pues siempre hacían suyo al mismo candidato y era una forma de compensarlos por su impúdico papel de secuaces.

Pero si bien con esta reforma se sentaba un precedente de “pluralidad parlamentaria”, estaba muy lejos de funcionar como herramienta política para acallar los grupos sociales que, con razón, exigían mayor atención y apertura democrática, poco o nada se logró hacer ante un crecimiento demográfico que parecía frenar las alternativas de un desarrollo socialmente más equitativo, ni ante las exigencias de una población cada vez más politizada. Prueba de ello fueron las movilizaciones que desembocaron en el conflicto estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Para no desentonar, en 1976, el Partido Popular Socialista y el Auténtico de la Revolución Mexicana jugaron un papel de partidos satélites del PRI al sumarse a la candidatura de José López Portillo; no tuvo con quién competir; el Partido Acción Nacional, en esa justa electoral, no presentó candidato por diferencias internas y Valentín Campa, dirigente del Partido Comunista PC, fue lanzado como aspirante sin registro, obteniendo casi un millón de votos que el órgano electoral ordenó que fueran anulados, razón por la cual se creó un problema de legitimidad que, por primera vez, evidenció una crisis de representatividad que puso en tela de juicio el modelo democrático contemplado en la Constitución y cacareado en el discurso oficial.

Este hecho detonó otra reforma electoral promovida por entonces secretario de Gobernación, Jesús reyes Heroles. En 1977, en Chilpancingo, Guerrero, manifiesta la decisión de promover cambios a la ley electoral para enfrentar la inminente realidad política. La selección de esta ciudad para tal anuncio no fue casual: era la capital de la entidad donde habían surgido el mayor número de movimientos subversivos, como los de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas; se crea la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE), que contenía la nueva fórmula de la representación proporcional

A partir de entonces serían cien los escaños que se repartirían entre los partidos, según el porcentaje nacional de sufragios que obtuvieran bajo ese principio de votación, sin importar los distritos electorales ganados o perdidos, garantizando de ese modo la presencia parlamentaria de todos los partidos con registro; de 186 aumentó a 400 el número de diputados que integraban la Cámara Baja, lo cual obligó que se destinara un recurso para construcción de la Cámara de Diputados para darles cabida.

En el 86 surge otra reforma donde se crea el Código Federal Electoral en substitución de la LOPPE del 77. El nuevo documento introdujo algunos cambios con relación a la asignación de diputados de representación proporcional, incrementando el número de 100 a 200, conservando en 300 el número de los diputados uninominales, elegidos en el mismo número de distritos con lo cual se alcanzaba el número de 500 diputados, condición que guarda hasta hoy en día.

Después de aplicarse esta fórmula por 19 años en la Cámara de Diputados, fue hasta 1996 que apareció la figura de senador pluri, aumentando hasta en 32 los escaños distribuidos bajo la fórmula de “proporcionalidad pura”, esto es, “el porcentaje del total de votos emitidos en el país por cada partido será directamente proporcional al porcentaje de escaños que obtenga cada uno en el Senado, luego de deducir los contabilizados para los partidos que no hayan logrado el registro y los votos nulos” –2ª párrafo del artículo 56 de la Constitución-.

(Primera de dos partes).