A partir de 1996, el Senado se constituye por 128 senadores: 64 por mayoría relativa; 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. Pero, al igual que los diputados, los senadores elegidos bajo este principio, en la práctica, tienen más poder que el resto que sí cuenta con la legitimidad del voto.
Dicho lo anterior, se entiende que la idea fundamental de la creación de esta figura legislativa en 1977 por don Jesús Reyes Heroles, fue permitir que las diferentes expresiones políticas minoritarias tuvieran presencia en el congreso, ante el avasallador poder priista, aunque sus candidatos no hubieren ganado en las urnas.Por lo menos esos han sido los argumentos de mayor peso en la exposición de motivos de la más reciente reforma electoral, “la creación de plurinominales se consideró necesario para México para que los movimientos guerrilleros y otros opositores al gobierno federal tuvieran un cauce político, lo cual permitió que la izquierda mexicana ingresara a San Lázaro”.
El asunto es que desde la reforma del 77 han pasado 36 años y el número de distritos uninominales siguen siendo 300, es de suponer que vivimos otra vez un problema de representatividad legislativa, porque en estos años también hubo un crecimiento demográfico que ya demanda una urgente redistritación.
No insinúo un incremento de diputados en la constitución de la cámara, pues con los 500 actuales basta y sobra.
Quizás si se estudiara la posibilidad de reducir los pluris e incrementar los de mayoría relativa tendríamos un congreso más representativo y con mayor legitimidad.
Otra posibilidad que pudiera explorarse es que se reduzca el número de escaños en ambas cámaras; reducir a 400 legisladores la cámara baja y únicamente en 96 la cámara alta, es muy probable que con esta medida, además de ahorrar dinero, pudiera surgir una mayor gobernabilidad en el sistema federal mexicano.
Siendo la gobernabilidad un tema de gran envergadura para el México del presente, los acuerdos y la acertada toma de decisiones se convierten en ingredientes vitales del quehacer parlamentario para lograr las reformas estructurales que México necesita e impulsar un avance más perceptible en los diferentes renglones de la vida política nacional.
Considerando el principio de, a menor representación, mayor gobernabilidad, la reducción de escaños debe considerarse como una solución a la falta de acuerdos y malas reformas logradas en los últimos años que no han sido capaces de mejorar la vida de los mexicanos.
Se trata de eliminar 32 posiciones en la cámara alta que formalmente no representan a los estados de la República, como ocurre con los otros 96 senadores —64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría que compiten en los comicios federales—, sino que se denominan de Lista Nacional, y de eliminar 100 curules de la cámara de diputados que entran con características similares, pues no representan algún distrito específico.
Una tercera opción sería atender a los detractores de los Pluris y eliminar definitivamente esta figura parlamentaria. Una decisión de este tamaño, sin temor a equivocarme, es muy arriesgada para el gobierno en las condiciones en que se siguen desarrollando los procesos electorales, porque mientras haya impunidad y no se regule, en serio, gastos de partidos y el desempeño de los medios de comunicación en tiempos de campaña (electrónicos, básicamente), en los hechos seguirán los partidos jugando con “dados cargados” y reglas del juego inequitativas.
Ante este escenario la fórmula de diputado de representación proporcional seguirá siendo la única garantía para que las minorías cuenten con voz y voto en ambas cámaras.
Puedo decir, entonces, que si en los 60s a López Mateos se le ocurrió crear la figura de diputado de “partido” solo por compensar a quienes hacían el papel de esbirros, no tenía, por tanto, la pretensión de experimentar una pluralidad para fortalecer una democracia más representativa; ni tampoco sentar las bases para un gobierno de transición que obligara a la alternancia.
Esto, creo que sería lo último que se le hubiera ocurrido a don Adolfo cuando decretó tales medidas.
Sin embargo, el tren se descarriló cuando algunos sectores sociales descubrieron el jueguito y ya no se sintieron representados por ningún partido con registro. Los partidos que siempre levantaban la mano al PRI (PPS, PARM, PAN), lo traicionaron o simplemente ya no fueron útiles para legitimarlo. Un elemento adicional fue la aparición de otro partido que operaba desde el clandestinaje de corte comunista (PC), con propuesta social muy contundente que ganaba muchas simpatías.
Este nuevo ingrediente político era una señal preocupante porque Valentín Campa, su dirigente, no tenía ningún compromiso con el gobierno y era un competidor real que le disputada en serio cada voto al entonces candidato del PRI, José López Portillo.
Luis Echeverría ordenó la criminal anulación de casi un millón de votos depositados a favor de Campa. La controversia derivada de este hecho, obligó al gobierno a reconocer al PC como partido político ya en el gobierno de JOLOPO, de igual manera se estableció como figura legal la fórmula de diputado plurinominal en la multicitada reforma del 77.
Es decir, una idea genial que surgió como señuelo terminó siendo el principal instrumento de pluralidad que robusteció la vida parlamentaria de nuestro país por 50 años, pero que hoy por hoy, requiere de un replanteamiento que vaya implícita una revisión seria y profunda de su conformación, para contar con un parlamento representativo y moderno que este a la altura de las exigencias sociales del México del siglo XXI. (Segunda de dos partes).