COMUNICADO
La pacificación de México pasa por el mejoramiento de las relaciones sociales, y es justo en las escuelas donde se pueden dar pasos decisivos en este sentido, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, al presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán.
Lo anterior, tras dar a conocer que en 2014 la ciudad donde se presentó el porcentaje más alto de bullying en Michoacán fue Morelia, alcanzando un 33%, seguida de Uruapan con 32%, de acuerdo al INEGI.
“Las leyes son susceptibles de mejora y tal es la razón que nos motiva a presentar esta iniciativa, la cual busca incluir en el marco legal del Estado algunas de las mejores prácticas vigentes en otras entidades, como la creación del Registro Estatal para el Control de la Violencia en el entorno Escolar, así como la redefinición de la violencia escolar, incluyéndose nuevos principios rectores”, explicó la congresista, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado.
Hernández Íñiguez detalló que la propuesta también agrega un catálogo de derechos, así como un listado de obligaciones a cargo de los estudiantes y explicó que la Fiscalía del Estado, los Ayuntamientos, el DIF Estatal y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberán trabajar con la Secretaría de Educación estatal a efecto de reducir el fenómeno del acoso escolar, dependencia que, al igual que su pares de Salud y Seguridad Pública, será dotada de nuevas atribuciones en este rubro.
El Registro Estatal para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar contendrá las estadísticas en este ámbito y la Secretaría de Educación deberá publicar las estadísticas relativas a la violencia en el entorno escolar, las medidas emprendidas para su tratamiento y los resultados obtenidos, así como una lista de los establecimientos educativos que fueron certificados por su calidad de convivencia escolar.
“Las instituciones educativas formarán grupos de prevención e intervención de violencia en el entorno escolar, así como de apoyo a víctimas de estas conductas, los cuales estarán conformados por personal administrativo, docente, directivos escolares, estudiantes, voluntarios, padres de familia y miembros de la comunidad. Cada institución educativa deberá proporcionar capacitación en casos de violencia a los trabajadores, docentes y voluntarios que tengan contacto con los estudiantes”, explicó Hernández Íñiguez.
Finalmente, detalló que al protocolo ya previsto se le deberán agregar elementos como la definición de la violencia en el entorno escolar y la descripción sobre el tipo de conducta que es esperada de cada alumno y docente, así como el procedimiento para instruir a estudiantes, padres de familia, docentes, administradores, directivos escolares y voluntarios en la identificación y prevención del fenómeno.
