Como ya es del conocimiento de la opinión pública, la semana pasada hubo una operación legislativa de parte del Ejecutivo federal en la Cámara de Senadores, consistente en meter de última hora en el dictamen que se discutía sobre la reforma político electoral, una fracción al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se pretende otorgar un haber de retiro a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ha dado mucho de qué hablar a partir de que fue descubierta la ilegal acción por legisladores perredistas, quienes pusieron el grito en el cielo, grito al que se han sumado legisladores de otros partidos de oposición y analistas políticos de diversos medios de comunicación.
Llevadas la cosas a su clímax del escándalo por esa intervención ilegal de personeros de la Presidencia de la República, a la marcha de los indignados mexicanos que nos oponemos a las reformas estructurales y en particular a la reforma energética en las leyes secundarias que se empezarán a dictaminar, de manera inopinada se vino a sumar la marcha de los indignados magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con mantas como: “No al linchamiento mediático contra los pobrecitos magistrados, por querer recibir una justa pensión vitalicia, de manos de legisladores del PRI, del Verde y del Panal, y del muy agradecido presidente Enrique Peña Nieto, una vez que termine nuestra función, pues no es posible que nos quedemos dos años sin poder trabajar y por ello sin recibir un sueldo por impedimento legal….y más bla bla” plañidero.
Quién se iba a imaginar que en las marchas de los indignados íbamos a coincidir codo con codo en las calles y avenidas de México, levantando banderas de descontento social: ellos, despotricando contra legisladores de oposición y algunos incómodos medios de comunicación; nosotros, los indignados de a pie, contra la clase política neoliberal a la mexicana, que está dispuesta a entregar lo último de nuestro valioso patrimonio natural: los hidrocarburos y la electricidad.
Me temo que el chistecito ese de introducir un cambio de última hora, con toda la mala leche del mundo, en el referido dictamen de la reforma político electoral que se estaba discutiendo en el Senado la semana pasada, mediante el cual se incorporó una fracción no discutida para otorgar el famoso haber de retiro de los magistrados del TEPJF, le va a salir muy caro a la clase política que lo propuso y defiende.
Caro, porque es posible que no sólo pierda esa conquista laboral que se pretende incorporar, sino otras que en el ambiente social de crispación que vive el país por la mala situación económica y la inseguridad pública, resultan ofensivas para los mexicanos. Véase si no son ofensivas las prestaciones de dichos magistrados, según la nota de Roberto Garduño de La Jornada (18/05/2014): “La Cuenta Pública refiere que en 2013 al magistrado presidente del tribunal, Alejandro Luna Ramos, se le pagó mensualmente por los siguientes rubros: sueldo base, 34 mil 974 pesos; compensaciones garantizadas o de apoyo, 149 mil 610; prestaciones nominales, 64 mil 434, y prima vacacional, 60 mil 619. A esto se suma el aguinaldo, de 346 mil 393 pesos, y un pago por riesgo de 500 mil 203.
“A cada uno de los magistrados de la sala superior (seis en total más el magistrado presidente) se les pagó el mismo monto.
“Los siete magistrados también gozan de remuneraciones adicionales, para las que se destina un presupuesto anual de 341 millones 809 mil pesos. Reciben, además, una compensación por servicios especiales, pago de riesgo, estímulo del Día de la Madre y por antigüedad…”
Lo que salta a la vista y crea más polémica es ese pago por riesgo de 500 mil 203 pesos. El senador Alejandro Encinas se preguntaba: “Por qué insisten tanto en prima de riesgo para los magistrados. Y preguntaba a los priistas cuáles son los riesgos que corren los magistrados si son unos burócratas de la élite. Y les restregaba: para riesgos, los que enfrentan los bomberos, o presidentes municipales o los periodistas…”
Tiene razón el legislador Encinas. Esa prima de riesgo está de más; los magistrados del TEPJF en la práctica es como si vivieran en una cápsula espacial, fuera del alcance de la realidad nacional, ésta sí plena de riesgos y amenazas de todo tipo para los mexicanos, no para los pocos que viven en plena seguridad y confort. Así que no estaría de más que se le bajara a tantos privilegios, que en las condiciones de desigualdad social que vive México esos pagos por riesgo son un lujo con los que ya no deberíamos seguir sangrando las arcas públicas.
Es de hacer notar cómo sólo al principio se mencionaron los nombres de los autores material e intelectual de este también llamado albazo o madruguete legislativo, a saber, Humberto Castillejos y Aurelio Nuño, respectivamente; el primero, consejero jurídico de Los Pinos; el segundo, jefe de la Oficina de la Presidencia. Después, durante una semana, ha corrido mucha tinta y saliva sin que se les vuelva a mencionar. Me los imagino muertos de risa viendo cómo se desgarran vestiduras entre legisladores, entre analistas políticos, entre medios de comunicación y ahora entre el Tribunal Electoral en pleno y la sociedad.
Tengo curiosidad por cómo denominar de manera acertada la intervención de esa gente de Los Pinos en asuntos de competencia del Poder Legislativo. Por lo que he leído, para nadie esa intervención ilegal de personeros de Los Pinos parece configurar delito de algún tamaño. Les voy a mencionar cómo lo dimensionan algunos actores políticos:
Esa subrepticia acción: fue un método indebido, una falta de respeto a los legisladores, un abuso de confianza, un mal precedente en la relación entre poderes, una indignidad total; un gol de Los Pinos que se traduce en pago de facturas pasadas y futuras, y un largo etcétera de ese tenor. Nadie ha dicho que ese chiste, que esa broma legislativa pueda tener mayor significación en cuanto a consecuencias legales y/o políticas para los autores material e intelectual, de manera que la puerta queda abierta para que la impunidad dé lugar a más gracejadas legislativas como ésa, y si se puede peores, que sólo pretende sangrar la economía nacional en cantidades millonarias, pero nada más; algo así como si se tratara de un delito de cuello blanco, que nadie persigue de oficio, al menos no en México. En otro país, lo más seguro es que en cualquier otro país, esa gracejada legislativa le costaría a los autores quedar inhabilitados para la función pública por lo menos algún determinado número de años. Humberto Castillejos y Aurelio Nuño deben agradecer y festejar que están en México y que tienen un jefe que por cosillas de esas no les pierde la confianza, sino todo lo contrario.
Pátzcuaro, 22 de mayo de 2014.