Alejandro Martínez Castañeda
15 mayo 2026.-La Cuarta Transformación ha colocado al Humanismo Mexicano como eje moral y político de su proyecto de nación. Bajo esta visión, el gobierno debe priorizar la dignidad humana, la justicia social y el bienestar de quienes históricamente fueron relegados por el modelo neoliberal. La consigna de “primero los pobres” no solo representa una narrativa política; pretende ser una nueva forma de entender el ejercicio del poder público. Sin embargo, la situación laboral de miles de Servidores de la Nación plantea una pregunta inevitable: ¿el Humanismo Mexicano también alcanza para quienes sostienen diariamente la política social del Estado?
La reciente información publicada por Sinembargo (www.sinembargo.mx/4800913/salarios-y-descansos-afligian-a-servidores-de-la-nacion-ahora-tienen-incertidumbre) vuelve a exhibir una problemática que desde hace años acompaña a estos trabajadores: incertidumbre laboral, contratos temporales, jornadas extensas, presión operativa y dificultades relacionadas con salarios, descansos y prestaciones. Aunque durante algún tiempo las principales inconformidades giraban en torno a las cargas de trabajo y la falta de descansos, hoy muchos enfrentan además el temor de quedarse sin empleo o sin claridad sobre su futuro laboral.
Los Servidores de la Nación son pieza fundamental en la operación de los programas del bienestar. Son quienes recorren comunidades rurales y urbanas, levantan censos, registran beneficiarios y mantienen contacto directo con millones de personas que dependen de apoyos gubernamentales. En numerosas regiones del país representan el rostro más cercano del gobierno federal. Sin embargo, detrás del chaleco guinda y de la narrativa institucional, persiste una realidad marcada por la fragilidad laboral.
Diversos medios nacionales han documentado protestas y denuncias relacionadas con pagos retrasados, ausencia de prestaciones y esquemas laborales poco claros. Trabajadores han señalado que, pese a desempeñar funciones esenciales dentro de la estructura gubernamental, continúan dependiendo de contratos renovables y condiciones que generan incertidumbre permanente. Esa situación resulta contradictoria para un gobierno que ha colocado la defensa de los derechos laborales como una de sus principales banderas políticas.
La contradicción no es menor. La 4T ha criticado durante años los efectos del neoliberalismo sobre el mundo del trabajo: la subcontratación abusiva, la precarización, la pérdida de estabilidad laboral y la lógica de considerar a los trabajadores como piezas reemplazables. Precisamente por ello, resulta indispensable que el actual proyecto político marque una diferencia no solo en el discurso, sino también en las prácticas institucionales cotidianas.
El Humanismo Mexicano no puede limitarse únicamente a la entrega de apoyos sociales ni a la redistribución económica. También debe reflejarse en la forma en que el propio Estado trata a quienes hacen posible la operación de esos programas. Porque detrás de cada Servidor de la Nación existe una familia, una necesidad económica y un proyecto de vida. Existen largas jornadas, traslados constantes y responsabilidades que implican desgaste físico y emocional.
No se trata de desconocer la relevancia social de los programas del bienestar ni de minimizar el impacto que han tenido en millones de familias mexicanas. Se trata de entender que ningún proyecto de transformación profunda puede sostenerse plenamente si quienes lo ejecutan enfrentan incertidumbre y desprotección laboral.
La austeridad gubernamental no debería traducirse en fragilidad para trabajadores operativos. La eficiencia administrativa tampoco puede justificarse a costa de derechos fundamentales como estabilidad, descanso digno y certeza laboral. Gobernar con sentido humanista implica también mirar hacia adentro de las instituciones públicas.
La transformación tiene hoy una oportunidad importante: demostrar que el Humanismo Mexicano no es únicamente un concepto discursivo, sino una práctica real capaz de dignificar también a quienes sostienen territorialmente el bienestar social del país. Escuchar a los Servidores de la Nación, garantizar condiciones laborales justas y ofrecerles certidumbre no debilita el proyecto de la 4T; por el contrario, fortalece su legitimidad ética y política.
Porque el bienestar no solo debe llegar a quienes reciben los apoyos sociales. También debe alcanzar a quienes, todos los días, hacen posible que esos apoyos lleguen al pueblo.
