El nombramiento de Emilio Chuayffet Chemor como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no es para la mejora del quehacer educativo, ya que en su carrera política se registra un apego a las políticas neoliberales, a los ordenamientos de la OCDE y a una lógica de recorte al gasto social y educativo, sostiene Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE.
Además, considera que el presidente de la República, Peña Nieto, ha anunciado una reforma educativa “que nos remite a los tiempos del salinismo, caracterizado por el desmantelamiento del Estado mexicano emprendido con la reconversión industrial traducida en privatizaciones al por mayor y rescates bancarios, aunado a la privatización del ejido con la reforma al artículo 27 Constitucional y el 3º, para conceder a empresarios e Iglesia inmiscuirse en escuelas, acto que ratifican recientemente en la reforma al artículo 24º de la Carta Magna”.Como parte del grupo Atlacomulco, la actitud de Chuayffet hacia el charrismo sindical, y en particular hacia el gordillismo, ha sido de complacencia, de permanente respaldo y alianza política. “El espacio de la SEP será muy seguramente para un uso no adecuado de los presupuestos, para dar continuidad a las recomendaciones inconstitucionales de la OCDE, basadas en la reforma a modo del artículo 3º de la Constitución, de la Ley General de Educación, de la Ley del Servicio Civil de Carrera y el reforzamiento de medidas para suprimir la planta de maestros a nivel nacional mediante la “certificación” con sus evaluaciones aniquilacionistas, entre otros aspectos de exclusión”, afirma el dirigente magisterial.
Asevera que “la propuesta de reforma educativa anunciada es la continuación del proceso destructivo de la escuela pública, cuyo antecedente es la Revolución Educativa de Miguel de la Madrid, la Modernización Educativa de Salinas y la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) de Calderón”.
En ese sentido plantea: “mientras se suplante al pueblo, padres de familia, alumnos y magisterio en las decisiones educativas y quiera imponerse las órdenes supranacionales sobre la política en este ramo, queriendo implantar un proyecto educativo en contra de las raíces e intereses nacionales, el caos en la educación pública no se superará ni en el largo plazo”.
Ortiz Hurtado rememora: “dos momentos especiales en el pasado reciente han definido el actual desastre educativo nacional: la decisión de Carlos Salinas de Gortari de imponer a Elba Esther Gordillo en el SNTE en 1989 y la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en 1992; siendo estos aspectos el sustento para la implantación en el país de las decisiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y, con ello, la modificación de los contenidos programáticos del Sistema Educativo Nacional, la discriminación salarial contra los trabajadores de la educación y las luchas mezquinas por los ascensos en Carrera Magisterial, En el hecho es la eliminación del derecho laboral y el desarme cultural del pueblo”.
En el marco del esquema neoliberal del gobierno mexicano, agrega, la agresión mayor se da en el desmantelamiento de la educación pública y los derechos de los trabajadores de la educación con la firma de la ACE, en 2008, por Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo y con la punitiva evaluación universal en 2011, aplicada parcialmente en junio del presente año.