La comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados cerró el ciclo mal llamado “glosa” del informe presidencial. Ritual cada vez más carente de sentido, ya que quienes acuden a explicar un documento ajeno son jerárquicamente subordinados del titular del Ejecutivo y carecen de responsabilidad política frente al Legislativo. Dan razón de órdenes superiores, intentan justificarlas y finalmente sólo pueden argumentar el esmero con que las cumplieron.
Ello es particularmente doloroso en materia de política exterior, cuya conducción si bien está confiada constitucionalmente al Presidente de la República, su aplicación corre por cuenta de la diplomacia, definida por la ley como una función de Estado. Expresamos varios legisladores durante el evento sentimientos encontrados ya que percibimos que, a diferencia de lo que ocurrió el sexenio anterior, ninguna de las grandes pifias y desistimientos cometidos fueron inducidos por la Secretaría de Relaciones, sino tan sólo consentidos y acatados. Ello habla de un escaso respeto a nobles tradiciones y de menosprecio a los saberes acumulados por los órganos profesionales de la administración. El tema en que mayormente exhibe su indefensión nuestra diplomacia es el más relevante de todos: la creciente penetración de las autoridades norteamericanas en las estrategias nacionales, la vida política y el territorio del país. Ésta es consecuencia de instrumentos sin validez jurídica como obligaciones del Estado, como el ASPAN o la Iniciativa Mérida y por un sinnúmero de acuerdos, públicos o clandestinos, que rebasan el marco competencial y aun el conocimiento de la secretaría. La referencia de que desde los 80 actúan agentes norteamericanos en México y la invocación del Caso Camarena sólo sirve para documentar la fecha en que se precipitaron concesiones inadmisibles de soberanía. Nada explican de las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto, los aviones no tripulados en nuestro espacio aéreo, el lavado de dinero por la DEA y las amenazas de invasión militar por candidatos republicanos a la presidencia norteamericana. Tampoco en asuntos de plena jurisdicción de la Cancillería hay explicación plausible, como en la insólita abstención en la UNESCO sobre el ingreso del Estado palestino o el voto en contra del candidato brasileño, José Graziano da Silva, actual director de la FAO. Se pretende ocultar que esos dislates son polvos de otros lodos en que han empantanado nuestra independencia. La política de principios hoy abandonada exige votar cada asunto en sus propios méritos y en ejercicio de la autodeterminación; no como efecto de la servidumbre a un tercero.La determinación de la agenda del G20, propuesta por el gobierno mexicano, implica la celebración de la próxima cumbre en Los Cabos en el mes de junio, tres semanas antes de los comicios federales. La Cámara de Diputados hizo un exhorto fundado al Ejecutivo para que cambiara la fecha. Probamos que en ningún caso esas reuniones cimeras se celebran en la proximidad de elecciones generales en el país huésped y que lo apropiado es diferirla para presentar en el encuentro al nuevo mandatario. Nuestra petición ha sido denegada con pretextos fútiles, como una calendarización inexistente o un proceso de consultas que bien pudo haberse orientado hacia una fecha alternativa. No se han querido siquiera medir los riesgos del probable recrudecimiento de la violencia para esos días ni las consecuencias de las presumibles manifestaciones altermundistas. En la terquedad subyace un empeño autocrático o un proyecto deliberado. Lo mismo ocurre respecto a la reacción visceral del Ejecutivo contra cerca de 30 mil signatarios de una demanda ante la Corte Penal Internacional. La Cancillería que estuvo involucrada en la negociación del Estatuto de Roma y lo conoce bien no se atreve a reconocer que las amenazas gubernamentales contra esos ciudadanos constituyen por sí mismas violaciones a instrumentos internacionales de derechos humanos. La regeneración de la política en México y la recuperación de nuestras potestades soberanas exigen la definición constitucional de una política exterior de Estado. Es un deber supremo del Congreso. (Tomado de El Universal).
Diputado federal por el PT