25 de febrero de 2026.-La tensión que atraviesa la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no puede entenderse sin considerar el contexto político que rodea el proceso sucesorio en la institución y las decisiones recientes emanadas desde la rectoría.
La Ley Orgánica publicada el 8 de marzo de 2025 en el Periódico Oficial del Estado establece, en su artículo 33, la integración de una Comisión Especial para la elección de Rectora o Rector, conformada —entre otros— por el Decano de los Directores de Escuelas, Facultades e Institutos. Por antigüedad en el cargo, esa responsabilidad recaería en el actual director de la Facultad de Derecho, Sergio Carmelo Domínguez Mota, elemento que añade inevitablemente una dimensión política al conflicto.
De acuerdo con versiones de académicos y trabajadores de la comunidad jurídica, uno de los episodios que detonó la controversia ocurrió el 29 de septiembre en el Teatro Samuel Ramos, durante una reunión convocada por la rectora Yarabí Ávila González con docentes interinos.
En un video que circula públicamente, la licenciada Ireri Ugalde tomó la palabra para exponer su situación como profesora interina, señalando que llevaba quince años sin obtener definitividad y formulando críticas hacia la dirección de la Facultad. La escena no pasó inadvertida: frente a la rectora, asumió una postura firme que algunos sectores interpretaron como un posicionamiento político en un momento particularmente sensible.
Cinco días después, fue designada subdirectora de la Facultad de Derecho.
Ese nombramiento se convirtió en el eje del debate. El artículo 57, fracción XIX, del Estatuto Universitario establece que la rectora podrá designar subdirectores “previa terna presentada por las Directoras o Directores”. Versiones cercanas a la dirección sostienen que dicha terna no habría sido presentada en este caso. De confirmarse, el procedimiento quedaría bajo cuestionamiento respecto a su apego al marco normativo interno.
En la comunidad académica circula además la percepción de que la designación consolidó una relación de lealtad política directa con la rectoría. Algunos señalan que la expectativa de eventual definitividad en materias y estabilidad laboral habría reforzado ese vínculo, lo que explicaría la alineación de la ahora subdirectora con la administración central. No obstante, tales afirmaciones requieren respaldo documental para acreditarse plenamente.
Más allá de interpretaciones, el conflicto parece haber escalado a partir de decisiones que alteraron el equilibrio interno de la Facultad. Cuando los nombramientos se realizan en medio de diferencias previas y sin claridad pública sobre el procedimiento seguido, la consecuencia natural es la polarización.
La propia Ley Orgánica, en su artículo 23, fracción IV, establece como deber de la rectora vigilar el cumplimiento de las normas que rigen la institución. En ese sentido, la transparencia en los procesos de designación no es un asunto accesorio, sino un elemento esencial para preservar la legitimidad institucional.
Hoy, la Facultad de Derecho enfrenta un escenario que combina tensión política, cuestionamientos jurídicos y una evidente fractura interna. Si la gobernabilidad universitaria descansa en el respeto a las reglas, el esclarecimiento de los procedimientos y la rendición de cuentas no son opcionales: son condiciones indispensables.
Porque en una universidad pública, la legalidad no sólo debe invocarse; debe demostrarse.
REDACCION
