Alejandro Castañeda
1 AGOSTO 2026.-Las leyes suelen aprobarse entre aplausos y discursos que celebran el consenso político. Sin embargo, su verdadero valor no radica en el momento de su promulgación, sino en la capacidad del Estado para convertirlas en una realidad. Una ley que no se aplica termina siendo un catálogo de buenas intenciones; una promesa escrita que difícilmente modifica la vida de las personas.
Eso es precisamente lo que hoy plantea la Unión de Cooperativas de Michoacán “Lázaro Cárdenas del Río”. Su reciente entrega de la Ley de Desarrollo Económico del Estado a la Secretaría de Desarrollo Económico no fue un acto protocolario, sino un recordatorio institucional: la reforma que reconoce a las sociedades cooperativas debe traducirse en políticas públicas, programas y recursos presupuestales.
La demanda es legítima. El Congreso del Estado ya tomó una decisión al incorporar expresamente al cooperativismo dentro del marco jurídico del desarrollo económico. Ahora corresponde al Poder Ejecutivo hacer efectiva esa voluntad legislativa mediante la planeación gubernamental y el Presupuesto de Egresos 2027.
El cooperativismo dejó de ser un actor invisible en la legislación michoacana. Hoy la ley establece responsabilidades concretas para el Estado: promover créditos solidarios, diseñar mecanismos de garantía, impulsar estrategias de fomento y gestionar recursos específicos para fortalecer al sector. No se trata de concesiones ni de privilegios, sino del cumplimiento de un mandato legal.
En este contexto, la actuación de la Unión de Cooperativas de Michoacán adquiere una relevancia especial. No es una organización marginal. Agrupa a cerca de 400 cooperativas y colectivos, con más de ocho mil personas asociadas en más de 50 municipios del estado. Su presencia en actividades productivas, de consumo, ahorro, comercialización y servicios demuestra que la economía social ya forma parte de la estructura económica de Michoacán.
Durante décadas, las cooperativas han demostrado que es posible generar riqueza sin renunciar a principios como la democracia, la solidaridad y la participación colectiva. Son empresas que colocan a las personas en el centro de las decisiones económicas y que, además, reinvierten buena parte de sus beneficios en las propias comunidades donde nacen.
En un estado marcado por profundas desigualdades territoriales, migración, pobreza y concentración de oportunidades, fortalecer este modelo económico no representa únicamente una estrategia de desarrollo; también constituye una política de justicia social. Cada cooperativa fortalecida significa empleo local, arraigo comunitario, producción regional y una distribución más equitativa de los beneficios económicos.
El desafío ahora es evitar que el reconocimiento legal se convierta en un logro simbólico. Las reformas legislativas sólo adquieren sentido cuando cuentan con presupuesto, reglas de operación, programas institucionales y mecanismos de evaluación. Sin estos elementos, cualquier avance jurídico corre el riesgo de permanecer como letra muerta.
La discusión del presupuesto estatal para 2027 será, en ese sentido, una prueba de coherencia entre el discurso y la acción gubernamental. Si la reforma aprobada por el Congreso encuentra respaldo financiero, Michoacán habrá dado un paso importante hacia la consolidación de una política pública de economía social. Si no ocurre así, el reconocimiento legal quedará reducido a un precedente valioso, pero insuficiente.
Las cooperativas no solicitan trato preferencial. Exigen que se cumpla la ley. Y en un Estado democrático, exigir el cumplimiento de la ley no debería ser un acto extraordinario, sino el principio elemental sobre el que descansa la confianza ciudadana en las instituciones.
El cooperativismo ha demostrado que puede ser un aliado estratégico para construir economías más inclusivas, resilientes y sostenibles. La pregunta ya no es si merece un lugar en la política económica de Michoacán; esa respuesta la dio el Congreso cuando reformó la ley. La verdadera interrogante es si el Ejecutivo asumirá el reto de hacer realidad ese mandato.
Porque, al final, el desarrollo económico no se mide únicamente por el crecimiento de las inversiones o las cifras del producto interno bruto. También se mide por la capacidad de un gobierno para impulsar modelos productivos que distribuyan oportunidades, fortalezcan a las comunidades y permitan que el progreso llegue a quienes históricamente han quedado al margen.
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