Alejandro Castañeda
Ciudad de México, 15 de julio de 2026.-La defensa de la autonomía cooperativa y del derecho de las organizaciones sociales a gobernarse democráticamente fue el eje de la movilización que encabezaron cooperativistas frente a la Secretaría de Bienestar, donde expresaron su rechazo al nuevo esquema de certificación impulsado por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).
Las organizaciones participantes sostienen que las reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a la Ley de la Economía Social y Solidaria modifican la relación histórica entre el Estado y el cooperativismo. A su juicio, el nuevo modelo de certificación deja de privilegiar el fomento para establecer mecanismos de supervisión que pueden vulnerar la independencia de las cooperativas, uno de los principios universales reconocidos por el movimiento cooperativo internacional.
Para los manifestantes, el debate trasciende los aspectos administrativos. Se trata, afirman, de la defensa del derecho de asociación, de la libertad de organización y de la autonomía de las organizaciones de la economía social, derechos reconocidos tanto por la Constitución mexicana como por instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y por la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Promoción de las Cooperativas.
Durante la movilización, los cooperativistas señalaron que las nuevas disposiciones podrían imponer requisitos técnicos y económicos que resultarían especialmente difíciles de cumplir para cooperativas rurales, indígenas, campesinas y de pequeña escala, sectores que históricamente han encontrado en el cooperativismo una vía para acceder al trabajo digno, fortalecer el desarrollo comunitario y ejercer formas de economía basadas en la solidaridad y la ayuda mutua.
Las organizaciones advirtieron que, lejos de fortalecer al sector, una certificación obligatoria podría generar barreras para el funcionamiento de numerosas cooperativas y limitar el ejercicio de un modelo económico que coloca a las personas por encima del capital, promueve la distribución equitativa de los beneficios y fortalece la participación democrática de sus integrantes.
Desde la perspectiva de la economía social y solidaria, el cooperativismo constituye una herramienta para hacer efectivos derechos como el trabajo digno, el desarrollo económico de las comunidades, la participación ciudadana y la reducción de las desigualdades. Por ello, los manifestantes insistieron en que cualquier reforma legal debe construirse mediante un diálogo amplio con el propio movimiento cooperativo y no mediante decisiones unilaterales.
El Gobierno de México sostiene que la certificación busca fortalecer institucionalmente a las cooperativas y facilitar su acceso a programas públicos. Sin embargo, para las organizaciones movilizadas, el fortalecimiento del sector no puede lograrse a costa de restringir su autonomía ni de alterar los principios de autogestión, independencia y control democrático que distinguen al cooperativismo desde hace más de un siglo.
