La empresa Autopistas de Michoacán que construye el libramiento de Morelia continúa ejecutando la obra sin apegarse a derecho, en perjuicio del medio ambiente y de las actividades productivas de cientos de campesinos de varias comunidades patzcuarenses, denunció de nueva cuenta el regidor Apolonio Flores Ruiz.
Además de haber derribado impunemente al menos mil 500 árboles en la localidad de Las Trojas y de destruir caminos rurales que afectan las actividades económicas del campesinado, “ahora la citada constructora explota una mina sin la autorización del ayuntamiento local”, acusó el regidor panista.Detalló que la empresa en su momento pidió la autorización al Cabildo para explotar un banco de minerales en la comunidad de Las Trojas, no obstante, abundó, al no cubrir con todos los requisitos que establece la norma correspondiente “no se le extendió dicho permiso, sin embargo ya explota una mina para extraer material que es utilizado para construir el nuevo libramiento de la capital michoacana, uno de cuyos tramos atraviesa varias localidades y colonias de Pátzcuaro”.
“La empresa cometió un ecocidio al tumbar indebidamente más de mil quinientos árboles y afectó los caminos sacacosechas de varias comunidades sin que las autoridades competentes hagan algo al respecto”, lamentó Flores Ruiz.
Además, denunció que indebidamente y al margen de la ley, el gobierno federal, a través de la Procuraduría Agraria, interviene para lograr “mediar entre la empresa y los dirigentes comunales para que la primera obtenga el permiso de explotar la mina, cuando este trámite es competencia de las autoridades municipales”.
Al mismo tiempo, llamó a las autoridades federales a que respeten el ámbito de competencia de cada orden de gobierno, “pues la Procuraduría Agraria está actuando al margen de la ley”.
Advirtió que el ayuntamiento continuará insistiendo para que la mencionada empresa se apegue al marco legal y repare los daños que le ha ocasionado a por lo menos ocho comunidades.
Hizo saber que por el “ecocidio” cometido por la empresa se aplica una multa de 200 mil pesos, más las que resulten por la explotación de una mina sin contar con la autorización del gobierno local.