El Congreso de la Unión comienza este sábado la segunda mitad de la LXII Legislatura con más de una centena de pendientes, entre los que se incluyen cerca de 80 leyes secundarias, 66 iniciativas ya dictaminadas que no han aprobado los plenos de ambas Cámaras y algunos nombramientos de funcionarios… Y para resolverlos cuentan con 90 días.
Tan solo en las legislaciones secundarias de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado, se tendrán que procesar la modificación o creación de cerca de 80 leyes.Así, la principal tarea tanto del Senado como de la Cámara de Diputados será trabajar en las leyes secundarias de las reformas energética, de telecomunicaciones, de competencia económica, político-electoral, transparencia y anticorrupción.
También se deberá reglamentar el seguro de desempleo y la pensión universal, nombrar a los consejeros del IFAI y del recién creado INE.
Además, los diputados tienen cerca de 50 dictámenes pendientes del periodo pasado, que concluyó en diciembre pasado. De ellos, alrededor de 30 quedaron ya con el trámite de la primera lectura en el Pleno y otros 20 ya fueron dictaminados por las comisiones pero no han sido abordados por el Pleno.
Por su parte, los senadores dejaron pendientes la resolución de 16 dictámenes que quedaron en primera lectura en el Pleno; de ellos, nueve son iniciativas ya dictaminadas y siete son retiro de reservas a instrumentos internacionales.
El periodo de sesiones del Congreso comenzará el 1 de febrero y durará hasta el 30 de abril.
REFORMA ENERGÉTICA
Cada una de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado encierra la creación o modificación de leyes que las reglamenten. Dichas disposiciones estarán plasmadas en leyes secundarias o reglamentarias, que son los ordenamientos que establecen los detalles en que las reformas serán instrumentadas y operarán.
En el caso de la reforma energética se prevé tocar alrededor de 26 ordenamientos, entre modificaciones a algunas leyes ya existentes y la creación de otras.
La cifra de 26 leyes fue dada a conocer por Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, a diputados del PRI en su reunión plenaria, a quienes explicó que serán creadas cinco nuevas leyes y se modificarán 21; aunque hay algunas voces que indican que la cantidad de leyes modificadas y creadas por el nuevo modelo energético podría llegar a 29.
Entre los ordenamientos que se cambiarán están la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex); la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la Ley Federal de Entidades Paraestatales; y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por mencionar algunas.
Entre los nuevos ordenamientos que se prevé crear se incluyen las nuevas leyes orgánicas para Pemex y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de una ley que regule el recién creado Fondo Mexicano del Petróleo.
En las leyes reglamentarias de esa reforma se definirán la forma en que operarán los contratos de empresas privadas en el sector energético, los cambios en el Consejo de Administración de Pemex y todos los demás detalles relacionados con los cambios constitucionales ya avalados.
REFORMA EN TELECOMUNICACIONES
Para la reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica se espera modificar alrededor de 11 leyes reglamentarias, como dio a conocer a diputados priistas Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.
Entre las legislaciones que serán modificadas se encuentran la Ley Federal de Competencia Económica; la Ley de Vías Generales de Comunicación; o la Ley Federal de Derecho de Autor.
También se legislará para dar personalidad jurídica al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), por lo que se tendrá que crear una nueva ley orgánica para este instituto.
Los legisladores han recibido opiniones de organizaciones civiles, especialistas y empresas del sector para poder alimentar la iniciativa de este tema que enviará al Congreso el Ejecutivo federal.
REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL
Para la reforma político-electoral se calcula que deberán modificarse alrededor de 15 ordenamientos legales, entre los que se encuentran la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Orgánica del Congreso General; o la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo.
Se deberá crear la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del recién creado Instituto Nacional de Elecciones (INE).
Con la reforma político-electoral se introducirán en las leyes corresponientes los cambios de funciones que implica el paso del Instituto Federal Electoral (IFE) al INE; la instauración de la figura de reelección de legisladores y alcaldes; el cambio de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General, entre otros temas.
Además de las leyes secundarias de estas reformas, están pendientes los ordenamientos relacionados con los cambios en materia de transparencia, el seguro de desempleo, la pensión universal, la disciplina financiera de Estados y municipios, entre otros.
El Congreso debe realizar también el nombramiento de los siete nuevos consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y de los 11 consejeros del recién creado INE.
Uno de los temas que será motivo de debate al inicio del periodo de sesiones será la consulta popular, mecanismo promovido por el PRD con el fin de revertir la reforma energética, y que fue aprobado por la Cámara de Diputados y quedó pendiente de discusión en el Senado.
LA PRIORIDAD DE LAS BANCADAS
En sus reuniones plenarias previas al comienzo del inicio del periodo de sesiones, las cuales se realizaron a finales de enero, cada uno de los grupos parlamentarios definió sus prioridades de agenda legislativa.
Por un lado, tanto el PRI –y su aliado, el PVEM–, como el PAN, persiguen fundamentalmente dos temas para este periodo ordinario: las leyes secundarias en telecomunicaciones y en materia energética, aunque las prioridades en orden y tiempos son algo diferentes.
En el caso del PRI y el PVEM, la prioridad número uno será la aprobación de la legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión, seguida de las leyes reglamentarias de la reforma energética. Vendrán luego las leyes en competencia económica y la de deuda de estados y municipios.
El PAN englobó sus prioridades en un eje económico y buscarán aprobar, en primer lugar, las leyes secundarias en materia de competencia, seguidas de la regulación en telecomunicaciones y, después, las leyes secundarias del sector energético.
El PRD fijó sus prioridades en, primero, las leyes secundarias de la reforma política y, en especial, la concreción del mecanismo de consulta popular, a través del cual pretenden revertir en 2015 la reforma energética.
En segundo lugar de prioridades, los perredistas ubican la regulación de la reforma energética; y en tercero, la reglamentación del sector telecomunicaciones.
La bancada de Movimiento Ciudadano ha planteado como su prioridad número uno revertir los efectos de la reforma energética. Los diputados de ese grupo parlamentario se encuentran preparando los argumentos contra las leyes secundarias.
En el mismo tenor, los legisladores del PT preparan ya argumentos contra las leyes energéticas secundarias. Además de que buscan impulsar la consolidación del mecanismo de consulta popular para intentar revertir la reforma energética.
Nueva Alianza, bancada que ha actuado y votado más apegado al PRI y al PVEM, definió en primer lugar un eje de legislación en educación; en segundo, el fortalecimiento de la transparencia en los tres niveles de gobierno; y en tercer lugar un eje sobre el Estado de Derecho, con temas de seguridad pública y de apoyo al desarrollo de los órganos reguladores.