Muy difícil resulta para los mexicanos ver cómo seguimos perdiendo nuestra identidad nacional, gracias a que nuestros gobernantes no aprenden de nuestra historia y pareciera que, o no fueron a la escuela, pasaron de noche o simple y sencillamente se les olvidó. Recordemos cómo hace muchos años, en diversos momentos de la vida de nuestro país, nuestro territorio nacional fue entregando su superficie a los extranjeros, principalmente a los Estados Unidos.
Constantemente nos enteramos de las múltiples declaraciones que se hace cuando surge el tema del petróleo, nuestros legisladores se desgastan las vestimentas cuando dicen que existen maniobras del gobernante en turno, de acuerdo a quien ejerza la titularidad del ejecutivo por privatizar el petróleo, que este es nacional y se la pasan cuidando cualquier situación que dé señales de que esto pudiera ocurrir, la oposición del gobierno en turno se convierte en el más fiel vigilante de esta riqueza natural de nuestro subsuelo.Sin embargo, hace algunos días, de la noche a la mañana y cuando nuestra atención se encontraba en otros problemas que tiene nuestro país, se nos informó que sin ningún problema, sin ningún aspaviento, los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron un cambio sustancial a nuestra Constitución, con la cual los extranjeros tendrían certidumbre legal y podrían ser los dueños de terrenos ubicados en las playas mexicanas, palabras más, palabras menos, pero este fue el resultado.
La premisa fundamental es que como esto ya ocurría, solo que estos lo hacían a través de prestanombres, fideicomisos u otras figuras (¿legales?); pues prefirieron adecuar nuestra ley para legalizar lo ilegal, cuando lo que se tendría que haber hecho era que se atendiera esta situación y si así ocurría, buscar a los responsables y castigar a los mexicanos que se estaban prestando a esta ilegalidad o mediante mecanismos legales evitarlo.
Sin embargo, dicen los legisladores que no hay nada que temer, pues la iniciativa establece que el uso de las tierras a adquirir por los extranjeros sólo podrá ser para vivienda, y no para uso comercial, industrial o agrícola, solo se trata de brindar certeza jurídica a cualquier inversión que realice un extranjero, recordándose que esta prohibición se estableció desde la promulgación de la Constitución en 1917, cuando existía el temor de la invasión de ejércitos de otras naciones.
El objetivo, pues, de la iniciativa es eliminar a los intermediarios que figuran como los propietarios de la tierra, al tiempo que al modificar la prohibición de adquirir el dominio directo del inmueble en las costas, se consideraba una estrategia que permitiera y diera certeza a la inversión extranjera en vivienda familiar. ¡Vaya consuelo!
Y como nuestros legisladores todo lo saben, señalan que esta reforma beneficiará a los municipios costeros en donde residen personas extrajeras y se promoverá la inversión en materia de turismo, al crear empleos y beneficios a las comunidades.
Ahora en cuanto nos comenzamos a enterar de este hecho consumado, y sin poder hacer nada al respecto porque nuestra atención se encuentra en otros temas, surgen quienes de este hecho quieren sacar como siempre beneficios políticos y manifiestan que el PRI aprobó esa reforma, pretendiendo como siempre engañar a la sociedad, pues esta reforma no solo fue aprobada este partido, la aprobaron 356 legisladores que votaron a favor, 119 en contra y 2 abstenciones.
El artículo mutilado o reformado de nuestra parchada Carta Magna es el 27 Constitucional, relativa a las leyes de Inversión Extranjera relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles por extranjeros.
Antes que nada, es importante revisar el contenido de la primera sección del Artículo 27 de la Constitución Mexicana, la cual regula la propiedad de tierras y aguas en México. El primer párrafo del Artículo 27-I, establece: “Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus acciones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas”.
Además, el mismo párrafo establece: “El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo”.? El referido artículo agrega que, bajo ninguna circunstancia, los extranjeros podrán adquirir directamente la propiedad de la tierra o aguas dentro de una zona de cien kilómetros de la frontera y cincuenta kilómetros de las costas de la República Mexicana.
Estas zonas son conocidas como zonas restringidas.? Con el fin de proporcionar una interpretación específica a la primera sección del artículo 27 de la Constitución Mexicana, el Gobierno de México promulgó una nueva Ley de Inversión Extranjera, la cual fue publicada en diciembre de 1993.
Ahora con esta modificación los extranjeros puedan adquirir tierras en fronteras y playas exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales, diciendo: “”En una franja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo de las aguas; en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales”, o sea que de los males ¿el menos?, solo eso faltaba; que también las aguas.
Los promoventes de la enmienda constitucional arguyeron en su iniciativa que el Constituyente de 1917 prohibió a los extranjeros adquirir propiedades, en respuesta a problemas de política internacional del siglo XIX cuando existía el temor de la invasión de ejércitos de otras naciones.
Desde la perspectiva de los legisladores federales, los extranjeros no perjudican en modo alguno la soberanía, el territorio y los bienes jurídicos que tutela el Estado Mexicano, y que modificar la prohibición que tienen actualmente de adquirir el dominio directo de inmuebles en las fronteras y costas es una estrategia para dar certeza a la inversión foránea en vivienda.
Sin embargo, véase como se vea, se trata de vender a un extranjero una porción de tierra del suelo mexicano y con la capacidad económica que tienen mucho de ellos, al paso de los años nuestras costas ya no serán nuestras como ocurriera en el pasado con más de la mitad de nuestro territorio, después de esto ¿Qué sigue?, ¿El Petróleo, ahora sí?
Pese a las actuales controversias, el Congreso está a la espera de que en el segundo semestre del año se presente la reforma del sector energético, con o sin el aval del mecanismo denominado Pacto por México, explicó Luis Ángel Cházaro, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
“El país requiere de reformas estructurales que ya son indispensables y que están en consonancia y tienen que ver con que la vida electoral y democrática del país. Además tienen que ir en sintonía”, expresó.
Explicó que hasta ahora se han hecho diversos trabajos internos, unos dentro del PRD, donde incluso se ha invitado a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) a participar e incluso se contó con la presencia del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya; y otros hacia afuera con la realización de foros.
De acuerdo con el Pacto por México, compromisos del 54 al 60, en petróleo y gas se realizarán las siguientes acciones: Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación, pero, en realidad: ¿Lo serán?, porque en lo que compete al asunto de las playas, sinceramente deja mucho que desear esa reforma.
Inclusive ya una organización lanzó una petición en la plataforma Change.org para exigir a los Senadores no aprueben dicha reforma. La petición denominada “Senadores de la República Mexicana: Que las playas mexicanas no se vendan a extranjeros”, pide a los interesados su forma para evitar que la iniciativa aprobada el martes pasado por la Cámara de Diputados no sea ratificada por el Senado, bajo la premisa que de ser aceptada derivaría en que México perdería el control de su playas y los mexicanos el acceso a ellas a manos de los extranjeros.
Lo cierto es que el país no está en subasta, si existe actualmente una simulación a través de fideicomisos, pero la reforma debería de ser en torno a que se enfoquen a este problema de la simulación y no a legalizar lo ilegal… hasta aquí mi comentario, mi correo electrónico licsebpastrana@yahoo.com o sígueme en facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y en twitter como sebastianpastr3.