Muy comentado ha sido sin lugar a dudas la actitud que algunos diputados realizan para la gestión de recursos a los gobiernos estatales o municipales, los cuales tienen por su investidura la facilidad de conocer a los funcionarios federales encargados de suministrar recursos para diferentes obras y estos las pueden gestionar para que el recurso baje a quienes acuden a ellos para solicitarlos, convirtiéndose en gestores de recursos de diversos programas además de la tarea legislativa que llevan a cabo.
Sin embargo hasta aquí todo está bien, el problema es cuando con el fin de que ese recurso llegue, estos solicitan el famoso “Moche”, como es el caso que recientemente se denunciara por parte de la promotora cultural de Conaculta, Veronica Loaiza, quien señaló que el diputado Ernesto Núñez del Partido Verde Ecologista de México y al Alcalde de Zitácuaro, Michoacán, el priista Juan Carlos Campos intentaron desviar a su bolsa dinero de los mexicanos, presentando la prueba a través de una grabación telefónica que esta realizara.Y es que para que el recurso que ella necesitaba para realizar una actividad le fuera asignado, el diputado federal Ernesto Núñez de acuerdo a lo señalado por Verónica Loaiza, le iba a ser asignada una cantidad mayor, y de los cuales una parte serían destinados al diputado federal y la otra al alcalde Juan Carlos Campos, lo cual ella no estuvo de acuerdo y denunció.
Sin embargo esta no es la primera ocasión que este tipo de acciones se denuncia y desgraciadamente para nuestro país una buena parte de los recursos que son enviados para obras y acciones, terminan en los bolsillos de nuestros gobernantes y una mínima se destina a la obra, de ahí que en muchas ocasiones vemos que estas se hacen con mala calidad, o no se terminan como se había proyectado inicialmente.
Los escándalos en la Cámara de Diputados por los “moches” o presuntas presiones de legisladores a servidores públicos para cobrar por la entrega de recursos públicos o etiquetar inversiones para obras de infraestructura, son cada vez más frecuentes y muestran la nula transparencia con la que se conduce el Poder Legislativo en México y la falta de voluntad política para implementar mecanismos de rendición de cuentas.
Desde noviembre de 2013 a la fecha, los coordinadores parlamentarios en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, del Partido Acción Nacional (PAN), y Manlio Fabio Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han sido señalados en diversas notas periodísticas por su presunta responsabilidad en el cobro de regalías a alcaldes de Guanajuato y Aguascalientes, a cambio de la entrega de recursos públicos. Además, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que no sólo los coordinadores parlamentarios del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados reciben una “mochada” por aprobarles a los ayuntamientos y a los gobiernos estatales partidas presupuestales para obras.
¿A DÓNDE VAN LOS RECURSOS? En términos generales, el presupuesto se aprueba de la siguiente manera: Las dependencias de gobierno, organismos autónomos y los gobiernos estatales entregan sus solicitudes; los legisladores gestionan recursos mediante una serie de acuerdos, muchas veces de palabra; el presupuesto se integra entre unos cuantos diputados, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), y se define un documento que es aprobado por el Pleno de los diputados sin previa lectura y durante la madrugada.
La excesiva dependencia de los estados y municipios a los recursos federales provoca que año con año se realice la llamada “pasarela” de gobernadores y alcaldes, para solicitar al Poder Legislativo recursos para financiar obras públicas. Lo cual abre otra ventana de oportunidad a la ilegalidad. “El hecho de que gran parte de los ingresos de los estados y municipios tengan que ver con las transferencias federales, hacen que se vuelvan débiles institucional y políticamente ante la Federación”, detalló César Velázquez, coordinador de la Maestría de Políticas Públicas de la Ibero. En el Presupuesto de Egresos de 2014, la Cámara de Diputados aprobó una partida especial para el rubro de “pavimentación” por 5 mil millones de pesos, mismos que serían repartidos entre los 500 legisladores. La idea es que cada uno contara con alrededor de 10 millones de pesos para realizar obras en sus respectivas comunidades, ¿pero cuanto de esto está siendo realmente aplicado?
Así con estos antecedentes se llega a las famosas reformas, donde los diputados son los encargados de llevarlas a cabo y desde luego buscar los mecanismos legales para favorecer a unos cuantos que buscarán ingresar en el negocio de nuestros recursos naturales. Desde ahora se dice en diversos medios y por parte de políticos que lo vienen denunciando, que muchos de estos artículos de una legislación que se está aprobando a un ritmo verdaderamente acelerado, con una urgencia poco común, esta acomodándose a modo de personas que atrás de los legisladores ya están frotándose las manos para empezar a invertir y seguramente las prácticas de los famosos moches estarán a todo lo que da cuando comiencen a adjudicarse los contratos y la riqueza de nuestro país además de estar en poder de unos cuantos, muchos de ellos serán ahora extranjeros que sabrán aprovechar la ambición de los mexicanos que con el ánimo de ganarse unos pesos, los harán inmensamente millonarios y si no ahí está el caso del hijo del expresidente Catalán Jordi Pujol, quien compro terrenos en Baja California en un peso mexicano.
Y es que además de la ambición mexicana y la falta de experiencia de Pemex y los constantes actos de corrupción denunciados en contra de líderes sindicales de esta; en aguas profundas, el resultado más probable es que las compañías petroleras internacionales con licencias otorgadas por los Estados Unidos, operarían los desarrollos y utilizarían la infraestructura basada en el lado estadounidense de la frontera, que es más extenso que el de México en el área cercana a la operación. Sin embargo, los Estados Unidos no tienen interés de que México obtenga experiencia y pericia en la operación en aguas profundas, para mejorar la integridad de desarrollos potenciales de Pemex en aguas profundas que sean exclusivos del territorio mexicano,
La cuestión para los responsables de las políticas públicas de los Estados Unidos es qué volúmenes podrá exportar México en el futuro. La producción mexicana cayó más de una cuarta parte en la última década, dejando las refinerías estadounidenses de la costa del Golfo dirigidas a buscar petróleo pesado en otras partes.
La producción de petróleo crudo pesado canadiense está aumentando en la región de arenas petroleras, pero la infraestructura de ductas es insuficiente. Por lo tanto, de hecho, los E. U. ha tenido que aumentar las importaciones de crudo del Medio Este para enfrentar las reducciones en México, comprendiendo la trayectoria posible de la reforma en México es necesaria para planear de manera adecuada los volúmenes y tipos de crudo futuro que serán exportados a los Estados Unidos, lo que tendrá implicaciones más amplias sobre la seguridad y el desarrollo económico de los Estados Unidos. La reformas energéticas de México determinarán en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de los E. U., y de América del Norte. La seguridad energética es un asunto vital para la política exterior y crecimiento económico de los Estados Unidos.
De ahí que el principal interesado y seguramente principal impulsor de las reformas que se han aprobado esta semana son los Estados Unidos, pues el beneficio para estos es mucho y se dice que para México también, aunque con la corrupción existente que ha existido desde hace muchos años en Pemex y en los gobiernos, difícilmente se antoja que así suceda y nuevamente los beneficios queden en unos cuantos…hasta aquí mi comentario, mi correo electrónico licsebpastrana@yahoo.com o sígueme en facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y en twitter como sebastianpastr3.