Todo mexicano, desde la primaria, recibe clases de civismo, y sabe (o cree saber) que vive en un Estado de derecho: democrático, representativo, constitucional. Pero llega la hora de la verdad: tarde o temprano trata con las autoridades, y esa experiencia cívica le da lecciones muy distintas sobre el poder en México.
Una de las cosas que aprende es que tener razón no depende de los hechos demostrables, sino de las autoridades. No hay leyes, reglamentos, normas, antecedentes, alegatos, documentos, fotografías, grabaciones, pruebas de laboratorio, mediciones científicas, testigos, abogados, peritos, observadores (nacionales o internacionales) que valgan por sí mismos. Lo que vale. Lo que da la razón, es la buena voluntad del poder que hace el favor de conceder la razón si la concede. A las autoridades mexicanas no se les puede demostrar nada. Se les puede rogar que, de la inmensa razón que siempre tienen, concedan un poco al ciudadano que llega a solicitarla. Sin reconocimiento oficial, la verdad no es verdad. Fuera de la verdad oficial, tener razón es vivir en el error.Usted se pasó el alto. Esta acta de nacimiento ya no sirve. Los dólares depositados eran pesos, no dólares. Las abejas africanas no llegarán a México. El detenido confesó sus crímenes. La iglesia no existe. El señor gobernador renunció por motivos de salud. No habrá devaluación. Donald Trump insultó a todos los mexicanos. Las vacaciones escolares no pueden ser en invierno. Apareció el chupacabras. No hubo fraude en las elecciones. Su recibo está bien. No fueron mis ayudantes los que violaron a sus hijas. Mis guaruras no golpearon a nadie. Guadalajara tiene la población que dice el censo, no lo que ustedes quieren demostrar. El Programa Prospera no tiene fines electorales. El padrón no se afeita ni se rasura. La refinería de Azcapotzalco ni contamina tanto, ni se puede cerrar. Miren como ha bajado la inflación. Los escapes del Chapo Guzmán fueron reales. Están buscando a Javier Duarte de Ochoa. El salario mínimo es justo. Una familia puede vivir con seis mil pesos mensuales…
En el trato privado, en los niveles más bajos, en los personajes pintorescos, las autoridades pueden ser de un cinismo total: abusar descaradamente. De esa experiencia, nace la caricatura popular que pinta a las autoridades como una bola de bandidos, rateros que asaltan, roban, violan, asesinan. Y, desgraciadamente, los ejemplos abundan.
Pero las cosas no son tan sencillas, como lo muestra el hecho de que algunas autoridades reconozcan los abusos de otras (por lo general, inferiores o anteriores). Ni todas, ni siempre, ni de la misma forma, ni con la misma gravedad, abusan; menos aún, cínicamente. En el trato público, en los niveles más altos, entre los universitarios de estilo más moderno, se cuida la dignidad de la república. No se dice la verdad, que sería cínico: se dice la verdad oficial.
Hay gente decente en el gobierno, honesta que, en confianza, lo justifica. Es verdad lo que dicen estos señores, pero no puedo reconocerlo, sin causar una catástrofe. Es relativamente fácil descubrir y castigar abusos en niveles inferiores (aunque no sin problemas: ¿de dónde voy a sacar gente decente y que sepa hacer el trabajo, menos aún con estos sueldos?). Pero hay abusos que no son aislados, que están conectados a cosas que no dependen de mí, y que nadie sabe a dónde pueden llevar, si se investigan. ¿Qué tal si vienen desde muy arriba? ¿O de mafias que no se tientan el corazón para eliminar a los curiosos?
Si prevaleciera el cinismo, en vez de la verdad oficial, sabríamos quién se ha robado qué, cuánta gente realmente vota por el PRI, quienes deben tantas muertes no aclaradas, a qué interés responden muchas decisiones. En las clases de civismo se explicaría a los niños que México es una república simulada, y que por eso las autoridades tienen que actuar en un Estado de chueco.
Para vivir en un Estado de derecho, habría que legalizar la monocracia (estableciendo, por ejemplo, el derecho presidencial a nombrar sucesor, a designar y despedir gobernadores, a elegir representantes de cada estado y distrito en las cámaras); habría que legalizar la mordida (con talonarios de recibos deducibles de impuestos); habría que poner en la Constitución que el único derecho frente a las autoridades consiste en formular atentas súplicas.
Pero el sistema no aguantarías una dosis tan fuerte de realidad. Lo que le permite sostenerse, aunque seas tambaleándose, es la verdad oficial. Por eso los boletines de prensa, los informes, los discursos (y su reflejo en las primeras planas de los diarios, la televisión, el internet, la Hora Nacional) dicen A, pero las conversaciones privadas (y su reflejo en las columnas de chismes, en algunos editoriales, en programas de radio donde habla libremente el público) suponen que en realidad fue B, o C, o D… O que realmente sí fue A, pero el gobierno dice A para que todos piensen que fue B.
¿Te resulta conocido, amable lector?