Dr. Tayde González Arias Analista
25 julio 2021.-Los responsables de cualquier acto u omisión que contravengan la ley deben ser sancionados, independientemente de que su actuar fuera dentro de las esferas públicas o privadas, e independientes de su filiación política o partidaria.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas es un instrumento legal que debe cumplirse a cabalidad, norma que no puede estar sujeta a compadrazgos o conveniencia de persona o grupos que no comprendan del bien superior para la humanidad que representa la justicia. Éste tipo de asunto o temas tampoco se deben definir a mano alzada, o con consultas populares para legitimar lo legitimado, una vez que la ley es ley y tiene un carácter general.
Las leyes y las normas del país no son documentos que puedan cumplirse o no, pues el origen mismo de éstas, en su filosofía y en su legislación, busca el bien común. Por lo que la persona que dañe con sus acciones o permita a sabiendas que otro lo hace, merece castigo por ello. La aplicación de la normatividad es un asunto que rebasa los periodos de gobierno, se trata de una condición procesal que se debe seguir más allá de un trienio, sexenio, o de determinado número de legislaturas, pues justamente, la división de los poderes de la unión, en ejecutivo, legislativo y judicial, entre otras cosas, lo que encierra en sí es la competencia entre cada área, y con ello el desarrollo de acciones de competencia, que, conforme a Derecho, deban y puedan suceder.
Para nadie es ajeno que el Gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha emprendido desde la Fiscalía General de la Nación, investigaciones por ejercicio indebido de sus funciones, enriquecimiento ilícito, entre otros cargos, contra diversos exfuncionarios del anterior sexenio correspondiente a Enrique Peña Nieto.
La persecución hacia quienes fueron funcionarios públicos en el gobierno pasado, podría denominarse “cacería de brujas”, si es que sólo se buscara el desprestigio de aquellas y aquellos que en su momento fueron también adversarios políticos, sin embargo, con la ley en la mano y con las pruebas suficientes, a éstos actos no podrían más que definirse como acciones de justicia en los que la norma debe cumplirse.
Ejemplos de procesados que han caído en manos de la justicia, por sus faltas a la legalidad, ya son varios, a algunos aún no los aprehenden y a otros como a Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de PEMEX, y María del Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, son solo dos de los varios implicados en procesos legales por diversas supuestas irregularidades dentro de sus funciones. Y se tratan de dos acusados, de los que se manejan muchas hipótesis, entre las que se dicen que, “les cubrían las espaldas a alguien”, que si “solo ejecutaban órdenes”, o si actuaron solos. Como sea que fuera, si es que existe la manera de poder probar que se actuó de manera ilegal, las autoridades correspondientes no deben hacer otra cosa que no sea sancionar conforme corresponda.
La credibilidad de un gobierno, en cualquiera de sus niveles, radica en gran medida en su capacidad para cumplir con la tarea primaria; la aplicación de la ley, y por lo tanto sancionar las actividades que se realicen en perjuicio de la población, sea uno, sean varios o sean todos.
El hombre o la mujer que no comprende que el servicio público es una oportunidad para servir a los demás, y que dicha tarea debe apoyarse de la amabilidad, la honestidad, la transparencia entre otras cualidades, debiera ser impedido para pisar una oficina o realizar una tarea burocrática, pues para hacerse rico, para beneficios personales, o tener una conducta indebida, jamás estará hecha ninguna función pública.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no habría en su gobierno persecución, e incluso en campaña habló del perdón, y de una “república amorosa”, pero estas palabras se han esfumado, como muchas otras de sus declaraciones, ciertamente. Pero lo que sí es aceptable es que, primero, el ejecutivo respete la división de los poderes, permita que cada área ejecute lo que a sus funciones corresponda, además de que sepa escuchar y en la marcha ir mejorando el ejercicio de gobierno.
El Presidente debe ser más cuidadoso en la entrega de recursos, debería pedir a su equipo de trabajo que deje de ver los programas de asistencia social como instrumento político, debe poner especial atención en figuras como Ana Gabriela Guevara, quien ha sido señalada por deportistas reconocidos y varios actores deportivos, por estar manejando mal el deporte nacional, lo que dejará ver con los resultados de los representantes en los juegos Olímpicos en desarrollo. Debe empezar por su casa, o en éste caso por su gabinete, y después seguir con los procesos legales y administrativos contra los malos funcionarios del pasado, incluyendo a los gobernadores y gobernadoras que omitieron u omiten hacer bien su trabajo y con ello permiten que impere la injusticia y la ilegalidad. La ley se debe aplicar pareja, caiga quien caiga, y pague quien deba hacerlo.
Respecto de la consulta planeada para estas primera horas del mes de agosto, al igual que en otras acciones similares, que participe, y vaya quien quiera, pero que asistan bajo el conocimiento que lo que está escrito y es letra viva, en las leyes, se aplica y se sigue, y no se pone a discusión, sin embargo, si tiene el tiempo de refrendar su espaldarazo al ejecutivo federal, y todo lo que éste representa, lleve su paraguas por la lluvia o el sol, aunque se augura que pudiera tratarse de un ejercicio que no se asemejará al día de una elección electoral federal o intermedia.
Cabe mencionar que la pregunta y el ejercicio de encuesta, que por cierto no ha acabado de convencer al Instituto Nacional Electoral, no dice directamente si están o no de acuerdo con llevar a juicio a los expresidentes, de modo que hará falta un espacio en blanco en el que posiblemente pudieran escribir los electores su verdadero pedimento…
