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La ley suprema mexicana…

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Para los ciudadanos es natural saber que todas, o casi todas, las naciones del mundo actual están regidas por una ley general que llamamos Constitución. Pero es pertinente conocer que en la historia de la humanidad éste es un hecho casi reciente, propio del siglo XVIII, y que es producto del desarrollo de la historia europea y de su extensión cultural, América.

 

Si nos remitimos al diccionario veremos que la palabra constitución tiene múltiples significados, pero uno estrictamente político: Constitución proviene de la palabra latina constitutio, composición, pero también determina la acción de constituir o establecer. En este sentido podemos decir que la ley general o fundamental de las naciones modernas también representa el principio de su legitimidad y de su formación.

 

Desde la antigüedad conocemos las múltiples leyes y códigos que enaltecen a sus creadores y a sus naciones: las leyes del ateniense Solón, uno de los siete sabios de Grecia antigua, quien promulgó una constitución más democrática, o el código de Hammurabi, rey y fundador de Babilonia. Los romanos, como resultado de las luchas sociales y políticas, desde la época de Tarquino el viejo y hasta su desintegración, se destacaron por sus leyes, por lo cual no es de extrañar que la base del derecho occidental sea el Derecho Romano. Pero el gran avance en la historia de las constituciones se dio en el siglo XVIII con las ideas de la Ilustración y su puesta en práctica.

 

Nuestro país, desde que proclamó su independencia y hasta nuestros días, ha tenido siete códigos constitucionales, tres federalistas, tres centralistas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.

 

Ante el levantamiento armado de Santa Anna el 1 de enero de 1823, en Veracruz, y su pronunciamiento posterior mediante el Plan de Casamata, Iturbide presentó su dimisión ante el Congreso que el mismo había constituido; los diputados del nuevo Congreso eran en su mayoría federalistas, y el 1 de noviembre de 1823 este Congreso proclama la República y elaboró una Constitución.

 

El 31 de enero de 1824 el Congreso aprobó el acta Constitutiva de la Federación, que era el conjunto de leyes por medio de las cuales se regiría provisionalmente el país. En su artículo sexto declaraba abiertamente que las partes integrantes de la República serían Estados independientes, libres y soberanos en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior. Ésta Constitución dividió a México en 19 estados y cuatro territorios. Facultó a cada estado para elegir gobernador  y asambleas legislativas propias, como en Estados Unidos. Consagraba los tres poderes: Ejecutivo, legislativo y judicial.

 

Los años posteriores a la Constitución de 1824 fueron de crispación política, de enfrentamiento entre centralistas y federalistas, dura fue para México la ambición texana de formar un estado independiente de Coahuila, lo que lograron en 1835 para desde luego declarar su independencia de México en 1836. En este ambiente, el 30 de diciembre de 1836 el Congreso cambió la Constitución de 1824 por las denominadas Siete Leyes, que suprimían los estados, reforzaban  el poder presidencial, y restringían las libertades ciudadanas.

 

Posterior a esta, se promulgaron las Bases para la Organización de la República en 1843 y el Acta Constitutiva y de Reformas en 1847.

 

El 11 de marzo de 1857 se promulgó la segunda Constitución acompañándola de un breve manifiesto cuyo contenido esencial era dar noticia de lo allí logrado, La gran promesa del Plan de Ayutla está cumplida, afirmaba el manifiesto con que fue anunciada esa promulgación.

 

La Constitución de 1857 tuvo una vigencia efímera al triunfo de los liberales en 1861, para invalidarse posteriormente con la Intervención francesa (1862), y el Imperio de Maximiliano (1864-1867). Fue hasta la Restauración de la República en 1867 cuando inició su cabal aplicación, incorporándose en ellas las Leyes de Reforma de 1859.

 

Durante el Imperio de Maximiliano aprobaron el Estatuto del Imperio en 1865.

 

El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución que actualmente nos rige, fue producto de la Revolución Mexicana (1910-1919) contra Porfirio Díaz, la cual se expresó ideológicamente a través de los postulados del Partido Liberal Mexicano, de los planes y programas propios de la Revolución, donde destacan el Plan de San Luis Potosí, que se pronuncia contra la reelección y a favor de la devolución de las tierras a los campesinos y el reparto agrario, el Plan de Ayala, que anunciaba su ruptura con el maderismo que pugnaba por la devolución de la tierra a los pueblos y el reparto agrario, el Pacto de la Empacadora, que es básicamente un programa político y económico que ofrece salario mínimo, prohibición del trabajo de los menores, eliminación de las tiendas de raya, jornadas de trabajo de 10 horas, devolución de las tierras despojadas a sus dueños, reparto inmediato de las tierras baldías a los campesinos y expropiación de todas aquellas tierras ociosas que no trabajaran los hacendados; y de la propia Constitución de 1857, de la cual rescató aquellas leyes liberales que favorecían a los ciudadanos, y sobre todo los derechos individuales, que fue su principal aportación.

 

Sin embargo, a 101 años de vigencia, ha sufrido más enmiendas por parte de los presidentes que si ya se hubieran promulgado varias Constituciones, lo curioso es que solo son los mismos artículos, porque cada inquilino de Los Pino, quiere tener el control del país, obviamente, a su conveniencia. Sin importar el deterioro de las mayorías. Es el país que nos tocó vivir.

 

Pero aún con todo y eso: ¡¡¡Viva México!!!

 

 
   
 
   
 
   
 

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